La primera vacuna desarrollada íntegramente en Argentina como refuerzo contra la Covid-19, “ARVAC Cecilia Grierson”, para mayores de 18 años, fue presentada este miércoles tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y su par de Salud, Carla Vizzotti, coincidieron en afirmar que se trata de “un día histórico de la ciencia argentina” porque permitirá sustituir la importación de vacunas y exportarlas.
“Es un día histórico, y significa un hito para la ciencia y tecnología argentina en este momento. Fueron tres años de trabajo muy duro, de mucha inversión del Estado, del trabajo conjunto entre el Conicet y la Universidad Nacional de San Martín”, dijo Filmus al encabezar junto a Vizzotti la conferencia de prensa dada este mediodía en el salón Malvinas Argentinas del Polo Científico Tecnológico.
La vacuna bivalente Arvac fue aprobada por Anmat para adultos mayores desde los 18 años en adelante, incluidos mayores de 60.
“Ha sido un trabajo articulado, también, con el sector privado apoyado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que da lugar a la primera vez que Argentina puede tener un desarrollo propio, nacional, con sus investigadores, por su capacidad y su inversión durante años en ciencia y tecnología y en investigación básica. Da lugar a que sea la primera vacuna no solo de Argentina sino, también la primera vacuna contra la Covid en toda la región”, destacó Filmus.
“Es un orgullo enorme y un paso importantísimo porque va a permitir no sólo abastecer las necesidades locales, sino también exportar. La plataforma que se desarrolló va a posibilitar transferir la tecnología para otras vacunas. Argentina importa por año 500 millones de dólares en vacunas, esto va a significar un paso enorme respecto de la posibilidad de sustitución de importaciones y de generar exportaciones”, remarcó.
Por su parte, Vizzotti expresó: “La vacuna representa la posibilidad de tener una herramienta segura, eficaz y de calidad” y remarcó el trabajo de los investigadores e investigadoras, la importancia del Conicet y el sostén de la universidad pública.
La titular de Salud detalló a Télam que la inversión en este proyecto fue de 7 millones de dólares por parte del Laboratorio Cassará a través de esta iniciativa público privada. “Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para el ensayo clínico, fueron 1.700 millones de pesos -de inversión- sin contar toda la gente que está trabajando en el Conicet, en las universidades y en Anmat, que trabajan todos los días para eso”, aclaró.
“El otro paso grande es presentarlo en el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud para precalificarlo por la Organización Mundial de la Salud y, a partir de ahí, se puede comercializar por el fondo rotatorio sin requerir aprobaciones específicas de otros países y, desde el punto de vista de la importancia de sustituir importaciones y avanzar hacia las exportaciones”, sostuvo.
Ante un eventual cambio de gobierno en las próximas elecciones, la ministra aseguró que la posibilidad de producción y de provisión «está garantizada», pero «el Estado tiene que decidir comprar la vacuna».
En ese aspecto, destacó que están avanzando hacia la declaración de interés nacional y con eso generar una licitación, una orden de compra abierta para que esté esa posibilidad y avanzar en ese sentido.
Por otra parte, la líder del proyecto Arvac e investigadora de la Unsam y del Conicet, Juliana Cassataro dijo a Télam que el proyecto es una muestra de la importancia del trabajo conjunto público y privado. “Partimos de la investigación básica en la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet y nos asociamos enseguida, porque era muy importante poder evaluar ese prototipo con alguien que tenga la capacidad industrial de producirlo, con el laboratorio Cassará, y en conjunto también hicimos cambios, es un co-desarrollo”, afirmó.
Actualmente, la vacuna ya se produce en la planta de Cassará en la Ciudad de Buenos Aires, y puede adaptarse a nuevas variantes de SARS-CoV-2 circulantes en la región, precisaron.
El desarrollo fue posible a partir de un consorcio público-privado que contó con más de 600 científicos y profesionales, 25 instituciones y 2.094 personas voluntarias, detallaron a la agencia Télam.
