Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizaron este martes cuatro excavaciones en el cementerio de La Adela y encontraron restos humanos.
El EAAF se encuentra en La Pampa buscando cuerpos NN enterrados durante la última dictadura cívico militar.
Hasta el momento en dos tumbas hallaron restos humanos, que se deberán analizar para determinar si corresponden a víctimas del Terrorismo de Estado, informó el abogado Franco Catalani en declaraciones a Radio Nacional Santa Rosa.
En el cementerio de La Adela hubo durante la dictadura militar al menos siete tumbas NN, de acuerdo a un informe realizado por la Municipalidad de la localidad en el año 1984 cuando ya se había investigado dos casos.
El caso se reavivó en 2020: un exempleado del cementerio dijo, ante la Justicia Federal, que enterraron entre “cinco y seis personas” como NN. Lo cierto es que el dato ya se encuentra en el expediente de la Subzona 14 desde hace unos 36 años.
En 1984, con la vuelta de la democracia, entre los casos de la represión ilegal que se investigaron en La Pampa estuvo el de dos personas asesinadas en cercanías de La Adela. Ambos habían sido secuestrados en Bahía Blanca por un grupo de tareas el 22 de marzo de 1976 y ejecutados en la ruta 22 al día siguiente. Los cuerpos masacrados fueron enterrados como NN, hasta que en 1977 se conoció que eran Jorge Rigante y Juan Carlos Prádanos y fueron llevados a Bahía Blanca.
Durante la investigación de la causa 53/84 del Juzgado Federal de Santa Rosa se pidieron informes y uno fue a La Adela. Desde la Municipalidad se envió un reporte en el que constaba que había siete personas que habían sido enterradas durante la dictadura. Además de los restos por entonces NN de Rigante y Prádanos, hubo un caso en 1978, dos de 1979, uno en 1980 y uno en 1982. En el informe, se indicaba que al menos tres de las personas habían sido halladas ahogadas en el río Colorado y otra era un “linyera”.
En 2004, ante otra presentación por el caso de Rigante y Prádanos, el entonces juez federal de Santa Rosa, Pedro Zabala, se declaró incompetente para entender en ese hecho y derivó el caso a Buenos Aires. La causa pasó a formar parte de la “Megacausa 450” que investigaba violaciones a los derechos humanos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
