El procurador general subrogante, Guillermo Sancho, acusó este lunes, en el inicio del juicio oral y público, a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora Elisa Alejandra Catán de mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal del niño Lucio Dupuy, asesinado el 26 de noviembre de 2021. Si son halladas culpables, serán destituidas de sus cargos.
El nene de 5 años fue asesinado en la tarde del 26 de noviembre de 2021, en el departamento de la calle Allan Kardec, de Santa Rosa. Su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de su madre, Abigail Páez, fueron condenadas a prisión perpetua. Una vez culminado el juicio, diputados le apuntaron a la jueza y a la asesora. Les reprocharon, entre otros puntos, no haber requerido un estudio socioambiental, en 2020, antes de homologar un acuerdo privado entre la tía de Lucio, Leticia Hidalgo, y la progenitora del nene, Magdalena Espósito Valenti. Por ese ese acuerdo, la tutela quedó a cargo de la madre.
En el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico, a cargo de Ana Clara Pérez Ballester, se tramitaron dos expedientes: uno sobre la tutela y otro sobre el cuidado personal de Lucio Dupuy. Este último, en rigor, no se llegó a promover ya que la tía y tutora de Lucio, Leticia Noemí Hidalgo, en acuerdo con la progenitora solicitaron que el niño continúe viviendo con Espósito Valenti.
El juicio empezó este lunes, puntualmente a las 8 horas, en la Cámara de Diputados. El jurado de enjuiciamiento está conformado por su presidente, y a su vez titular del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las legisladoras provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio (fueron designadas por sorteo).
El proceso se rige por la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento y el tribunal está compuesto por su presidente, Fabricio Luis Losi, titular del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.
La acusación contra Pérez Ballester y Catán fue redactada por el procurador general, Mario Oscar Bongianino, aunque este luego se excusó de continuar interviniendo en el jury ¬tras un planteo de recusación de la asesora, y fue reemplazado por su subrogante, el fiscal general Guillermo Sancho.
También intervienen en el debate el defensor particular, Pablo Rodríguez Salto, en representación de Pérez Ballester; y la defensora general Carina Ganuza (hoy ausente por motivo personal), y la defensora oficial Ana Carolina Díaz, en nombre de Catán.
Hoy, en el inicio de la jornada, Sancho acusó en forma verbal a Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico, y a Catán, responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de esa ciudad. Las imputadas, por ahora, prefirieron no declarar.
En esta causa, la Procuración le objetó a Pérez Ballester y Catán las siguientes conductas
a) No escuchar la opinión de Lucio, pese a estar expresamente ordenado en todas las normas que rigen la materia (familia), porque “se presumió que no estaba condiciones de declarar, afectando presuntamente los derechos del niño”, expresó Sancho.
b) No citar ni recabar la opinión del padre y de la madre. También que ello no fuera ordenado por la jueza, ni requerido por la asesora, a pesar de la oficiosidad que rige en la materia, ya que se encontraban comprometidos los derechos de Lucio. “Pudo hacerlo la jueza de oficio o también pudo ser requerido por la defensora”, acotó el procurador subrogante.
c) No darle intervención a la autoridad de aplicación administrativa (Dirección General de Niñez) ante “la posible vulneración de derechos”.
d) Que la asesora consintiera el archivo de la causa pese a que había solicitado la tutela, por lo que durante ese lapso no ejerció efectivamente el debido contralor de ella. “La tutela no fue debidamente controlada y eso provocó que hasta (la Asesoría) ignorase que el niño había sido traslado a Santa Rosa y, por lo tanto, cambiado su centro de vida. Ese control no pudo hacerse porque la causa había sido archivada”, resaltó Sancho.
Cuidado personal
El 4 de noviembre de 2020, Pérez Ballester homologó el nuevo acuerdo entre Hidalgo y Espósito Valenti para dejar sin efecto la tutela y el cuidado personal pasó a manos de la madre.
Aquí la procuración repitió los dos primeros cuestionamientos (no oír a Lucio ni citar a los progenitores) y sumó dos más. “No se escuchó al niño pese a que (en ese momento) era aún más importante, ya que Lucio tenía cuatro años, y se avizoraba una conflictividad familiar, aunque no hubiera indicadores de violencia”, sostuvo Sancho.
¿Cuáles fueron las otras dos acusaciones?
– No darle intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial (psicólogo, médico, asistente social). ”Debió hacerse porque ya había cinco presentaciones entre actas, denuncias y exposiciones, lo que era indicativo del conflicto entre ambas familias (…) Sin embargo, con un dictamen positivo de la asesora se homologó el acuerdo para que el niño vuelva a vivir con la madre y se dejó sin efecto la tutela. Se actuó como si fuera una planilla automática”, acotó Sancho.
– Omitir toda comunicación a la autoridad de aplicación, a pesar de que de una denuncia de la madre podía surgir que Lucio hubiese sufrido alguna lesión. La Procuración planteó que por ello era necesario “un seguimiento y control de la situación” por parte de Niñez.
En el cierre de su alegato de apertura, Sancho habló de “omisiones e incumplimientos reiterados”, por parte de las acusadas, para justificar el mal desempeño de ellas.
Defensas
A su turno, Rodríguez Salto afirmó que “en este juicio no se trata los hechos que llevaron a la muerte de Lucio, sino que en este proceso se debaten conductas anteriores” al homicidio. “La homologación del convenio de cuidado personal (por parte de Pérez Ballester) se produjo un año antes de su muerte y en ese momento no había indicadores de violencia”.
“La jueza no entregó el niño a la madre, sino que eso ocurrió por fuera de la intervención del juzgado. El traspaso se produjo el 31 de julio de 2020 y Pérez Ballester recibió el expediente de cuidado personal el 3 de septiembre. O sea que a Lucio lo entregaron por fuera del tribunal y en el marco familiar y luego esa decisión fue ratificada, explicándose los motivos por los cuales seguiría viviendo con la madre. No era un proceso controvertido porque no existían dos o más reclamos en pugna”, añadió.
El defensor también enfatizó que “es falso que si la jueza no hubiera homologado el acuerdo (de cuidado personal), el niño hubiese vuelto automáticamente con su padre o con la familia paterna”.
Incluso destacó que ese acuerdo contó con “la autorización tácita y expresa del padre. Tal fue así que en marzo de 2021, el padre, lejos reclamarle a la madre el cuidado personal del niño, lo que pidió fue un régimen comunicacional, o sea que aceptó expresamente que Lucio continuara viviendo con la madre. Eso pasó cinco meses después de la homologación”.
Por su parte, Díaz planteó preliminarmente la inconstitucionalidad del propio jurado por entender que por su conformación, prevista en la ley 313, se afectan las garantías del debido proceso ya que los mismos jueces “intervienen en la etapa de investigación y luego en el juzgamiento” de las imputadas.
Con relación a la acusación de no haber escuchado a Lucio, la defensa de Catán dijo que “no estuvo fundada” porque la Procuración citó una ley equivocada y otra que fue derogada. “Por lo tanto, no tenemos acusación”, enfatizó. También aseguró que “el papá estaba en conocimiento y consintió la tutela”.
Más adelante, al referirse al legajo del cuidado personal, Díaz aseveró que no fue necesario darle intervención a un equipo técnico (“no se especificó qué equipo técnico, ya que hay varios”) pues que no había indicadores de violencia, “tal cual reconoció la Procuración”.
“Tampoco hubo vulneración de derechos (del niño) porque hubo una tía que se había encargado de él, una mama que pedía a su hijo y un papá que daba su conformidad. O sea, no existió un conflicto de intereses a pesar que la Procuración buscó generarlo”, añadió.
Por último, Díaz afirmó que la Procuración “modificó la acusación original y eso afecta la defensa en juicio ya que ahora, y no antes, habló de conductas reiteradas, aunque no dijo cuáles fueron esas conductas reiteradas de la asesora; por lo que hay una acusación defectuosa”. Este punto tiene relación con que la ley 313 habla específicamente, en su artículo 22, de que los incumplimientos deben ser reiterados.
La palabra del padre
Christian Sebastián Dupuy, papá de Lucio, fue uno de los principales testigos: dijo que estuvo de acuerdo que el nene se fuera con la madre, Magdalena Espósito Valenti, porque la situación era insostenible. “Estuve de acuerdo con que se fuera con la madre, no se podía hacer más nada. Mi cuñada no lo podía tener más, yo creí que estaba bien que se quedara con la madre”, dijo.
“Por lo que me contaban mi papá, mi hermano y mi cuñada, ella (Magdalena Espósito Valenti) siempre los amenazaba”, sostuvo.
“Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé (que lo iban a maltratar y asesinar)”, dijo.
Dijo que nunca fue citado para dar el okey a la tenencia por parte de su ex. “Jamás me citaron de ningún lado en ninguno de los dos expedientes”, expresó.
“Contraté a una abogada (Yamila Isoardi) para establecer un régimen de visitas (con Lucio)”, dijo. Ello ocurrió en 2021, cuando Espósito Valenti ya tenía otorgado el cuidado personal. “En esa mediación pregunté por el cuidado personal y no me lo dieron porque era una mediación por el régimen de visitas. Yo firmé el acuerdo y ella no y ese acuerdo nunca se cumplió porque me impedían ver a Lucio y no me atendían las videollamadas. Por eso hice, en Santa Rosa, una denuncia por impedimento de contacto”.
Además, le preguntaron si veía a Lucio durante el lapso que estuvo con su hermano y su cuñada, en Pico. “Trataba de ir de muy de a poco en relación con Lucio, paso a paso para que no se volviera loco. A veces les daba mercadería, cuando podía”, manifestó.
También lo consultaron sobre por qué no insistió con el pedido del cuidado personal, luego de que no se lo aceptaran en la mediación por el régimen comunicacional. “Porque era una situación que había que tomar con pinzas. Si hacía algo mal, ellas me prohibían ver a Lucio. Me bloqueaban las videollamadas. ¿Si eso se lo dije a mi abogada? No, porque no tuve más contacto con ella”, respondió.
-¿La mamá amenazó de muerte a Leticia o su hermano?
-No tengo conocimiento.
-¿Sospechó que la madre ejerciera violencia sobre el niño?
-Si lo hubiera visto, hubiese hecho algo.
La defensora Díaz pidió que se le de vista fiscal por entender que pudo existir un falso testimonio ya que Hidalgo afirmó que el padre no tenía contacto con ella ni hacía aportes económicos y Christian Dupuy aseguró que entregaba “dinero y mercadería” para la manutención de Lucio.
La tía que lo cuidó
Otro de los testimonios fue de Leticia Noemí Hidalgo, tía de Lucio. “Todo fue normal hasta que la mamá pidió tener otra vez a Lucio. Ahí me empezó a amenazar, me decía que me iba a pasar de todo… Lucio no era un nene que pidiera irse con su mamá. Yo le dije que no se lo iba a devolver. Mi marido también le dijo que no, entonces ella fue a denunciarnos y la policía nos sacó al nene”, dijo.
La testigo dejó en claro que la defensora oficial Fernanda Coronel -quien tramitó la tutela- le aconsejó que no entregara a Lucio (“no tengo nada que decir de ella”) y que el acuerdo de cuidado personal lo firmaron el asesoramiento de la abogada particular Adriana Mascaró. “¿Por qué cambiamos de defensora? Creímos que era una opción mejor”, dijo.
“Mascaró nos dijo que era su mamá. No tuvimos opciones (para no entregarlo). No teníamos a quién preguntar, qué hacer, no teníamos ayuda… Lo entregamos por cansancio”, sostuvo.
Prefirió no responder cuando le preguntaron por qué Lucio no pudo ir a vivir con su padre. “Eso preguntáselo a Cristian”, dijo. Y aceptó que el padre no reclamó por su hijo.
¿Sospechaba que la madre maltratara a Lucio? “Teníamos que ir a buscarlo (a Santa Rosa), pero no nos dejaban pasar (por las restricciones existentes por la pandemia por coronavirus)”, dijo.
-¿Alguna vez sospechó que la madre ejerciera violencia sobre Lucio?
-No. No sé… no.
Los abuelos paternos
Lucio Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio, fue el tercer testigo. “A Lucio no se lo devolvieron a la madre. Ella fue y se lo trajo a Santa Rosa cuando existía un régimen de visitas y no podía traérselo a Santa Rosa”, dijo.
“Ella denunció que el nene estaba golpeado cuando lo tenía mi hijo Maximiliano. Por eso la policía fue hasta la casa de Maxi y le hizo un montón de preguntas a Lucio”, sostuvo.
“Yo contraté a Mascaró para que Lucio retornara a su centro familiar, paterno y materno, porque eso se demoraba mucho y porque sospechábamos que se lo traerían a Santa Rosa. A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian… todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas se las llevó Mascaró a la jueza Pérez Ballester”, expresó.
-¿Le consta que esas pruebas fueron entregadas al juzgado?
-No sé.
-¿Alguna vez se acercó al juzgado o a la asesoría?
-No.
El testigo también afirmó que no vio situaciones de violencia.
“¿Por qué si contrató a una abogada para que Lucio vuelva con su hijo y su nuera, se terminó entregando a Lucio a la madre de común acuerdo? ¿Qué pasó en el medio?”, preguntó la propia Catán. “Mascaró dijo que la jueza le dijo que no iba a estar mejor que con la mamá”, respondió Ramón.
Díaz también pidió que se le de vista del testimonio del abuelo a la fiscalía de turno porque él aseguró que su hijo Christian le pasaba dinero a Hidalgo para la manutención de Lucio.
Silvia Noemí Gómez, abuela paterna de Lucio, fue la cuarta testigo. Le formularon pocas preguntas. Cuando la interrogaron si sospechó de situaciones violentas, contestó que no. “No, sino la historia hubiera sido otra”, dijo.
Al final, sin que mediaran preguntas, expresó: “La familia no maltrató a Lucio. Consideramos que hubo alguien detrás de su escritorio que no hizo bien su trabajo”.
El tío paterno
Maximiliano Exequiel Dupuy Gómez, tío paterno de Lucio, explicó que cuidaron de Lucio desde fines de 2018 y que, si bien tenían una autorización de la madre para que temporariamente se hicieran cargo de sus cuidados, en los primeros meses de 2019 iniciaron los trámites de la tutela porque legalmente se lo exigieron desde el jardín de infantes donde concurría el niño. La gestión la hicieron a través de la defensora oficial Fernanda Coronel.
“¿Cuando la madre empezó a reclamar por su hijo? En octubre o noviembre de 2019 y le dijimos que no. No queríamos que volviera porque ella no tenía una vida fija. Veíamos publicaciones con drogas… Legalmente nunca hicimos nada, más allá de la tutela. Hasta ese momento no habíamos tenido ningún problema. Después de eso aparecieron las denuncias de Magdalena. Yo sabía que, si al nene le pasaba algo, la responsabilidad era mía porque teníamos la tutela (NdeR: en realidad la tutela estaba a nombre de su esposa). Por eso tuve que ir a la comisaría cuarta. La policía me sacó a Lucio por una denuncia de la madre. Cuando llegué, el nene ya no estaba y la policía no sabía adónde se lo habían llevado. Yo hice una contra denuncia para defenderme. Ahí dije que temía que podía hacer con Lucio cuando lo tuviera a solas. Lo dije porque ella venía de una vida de consumismo de drogas y de no estar con Lucio. Ella dijo (en la denuncia ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de General Pico) que el nene tenía la cola colorada, pero hasta que estuvo conmigo estaba sano”.
“En la comisaría me dijeron que la madre podía hacer lo que quería. La abogada Mascaró también me decía que era la mamá. Adonde iba me decían lo mismo. Magdalena y Abigail (Páez) se presentaron en mi casa y me dijeron ‘si tus hijas se quedan sin papá es porque no nos das a Lucio’”. En ese momento, Hidalgo estaba embarazada.
Como había un régimen comunicacional acordado con la madre, el testigo aseguró que “un viernes (de 2020) que no se podía circular (por las restricciones de la pandemia) vino desde Santa Rosa a General Pico a buscar a Lucio y el lunes, que tampoco se podía circular y tenía que devolverlo, dijo que no podía circular. O sea, el viernes pudo salir y el lunes no. Cuando pasó eso, con mi esposa dijimos ‘ya está’”, y en ese contexto fue que Hidalgo firmó el acuerdo de cuidado personal.
El testigo afirmó que su hermano Christian tenía “más o menos” contactos cotidianos con Lucio, que no pasaba alimentos y que le dijo que “no podía” cuidar a Lucio.
Sancho le preguntó que hubiera hecho si hubiese estado mejor asesorado y si le hubieran dicho que podía pelear por la tenencia. “No lo hubiera entregado. Hoy sé podría haber hecho más por la tutela, pero en ese momento no lo sabía”.
Díaz le preguntó qué asesoramiento les había dado Coronel sobre la tutela. “La que nos asesoró fue Mascaró porque justo en ese momento fue cuando cambiamos de abogada”.
La tía materna
Marilín Espósito Valenti, hermana de Magdalena y tía materna de Lucio, también pasó por Diputados para declarar. La testigo contó que al principio Lucio se quedó con ella y su mamá en General Pico y luego con Magdalena en un departamento que le había alquilado la abuela materna. Y agregó que se lo dio a los tíos paternos cuando se fue a trabajar a Córdoba.
“Hidalgo era reacia a que Lucio tuviera contacto con su mamá y su familia materna. Ese fue el disparador de la situación conflictiva. Mientras vivió con ella, mi mamá y yo fuimos todos los sábados a buscarlo, aunque nunca dejó que se quedara a dormir con nosotros. Incluso cuando ella (Hidalgo) tuvo que irse a Bahía Blanca durante el embarazo, Lucio quedó al cuidado de la familia paterna aunque nosotras estuviéramos disponibles”.
“Cuando Magdalena estuvo en Córdoba, no digo a diario, pero siempre mantuvo contacto con Lucio. Siempre pedía por su mamá, siempre quería hablar con su mamá. Los sábados, cuando lo teníamos con mi mamá entre las 13 y las 21, siempre hacíamos videollamadas. Es mentira que ella había perdido el contacto con su hijo”.
