El dictamen de mayoría que La Libertad Avanza finalmente logró aprobar en la madrugada del miércoles en el plenario de comisiones de Diputados, mantuvo la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública.
La medida puede tener impacto en La Pampa: hay especial interés en el Acueducto del Colorado Norte -que va de Santa Rosa a General Pico-, la travesía urbana de General Acha, las aulas audiovisuales de Gneral Pico, los barrios Procrear de Santa Rosa y Toay, y una serie de obras de agua y cloaca en Catriló, Winifreda, La Maruja, Colonia Barón y Alta Italia. Hasta ahora, según ha dicho el gobernador Sergio Ziliotto, el Gobierno de Milei no ha pagado ni un peso de esas obras. Y la situación ahora es más preocupante: el área de obras públicas quedó en las últimas horas bajo el mando del ministro Luis Caputo, que viene amenazando a las provincias con más ajuste si no dan luz verde a la ley ómnibus.
El artículo 33 del texto original de la Ley Ómnibus había encendido alarmas en los gobernadores, entre otros motivos, por la posible paralización de obras financiadas por la Nación en sus provincias. A la preocupación de los mandatarios, se sumaron las objeciones de la oposición dialoguista por la amplitud de las facultades de revisión de contratos que le otorgaba al presidente Javier Milei, el mensaje de “inseguridad jurídica” que daba, así como la litigiosidad que podría generar “por la responsabilidad contractual”, publicó Infobae.
Ese artículo 33 -que pasó a ser el número 28en el dictamen que recogió 55 firmas del oficialismo y aliados- involucra, además de los contratos para la provisión de bienes y servicios, concesiones y construcción de obras públicas. Su alcance abarca tanto a las que están en ejecución como las que no tenían avance físico al finalizar la anterior gestión, pero que ya estaban licitadas. El argumento esgrimido por el gobierno de Javier Milei para revisar o rescindir los contratos es que le habrían “generado un perjuicio al Estado”. Si bien tanto los integrantes del PRO, como la UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal acompañaron con su firma en general, presentaron 34 disidencias parciales. Entre ellas, una referida a este artículo contenido en el capítulo VIII de Contratos Vigentes, que no está en el paquete fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que retirarán del dictamen.
El artículo referido a los Contratos Vigentes tuvo tres modificaciones en relación al original, a pedido de la oposición acuerdista. Por un lado, limitó los contratos sujetos a revisión o rescisión a los que “generen erogaciones significativas a cargo del Sector Público Nacional”, pero sin especificar qué monto se considerará “significativo”.
También incorporó, a pedido de la UCR, que exista un dictamen previo de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de la posible rescisión o renegociación, y excluyó a los que cuenten con financiamiento internacional. Entre los bloques opositores acuerdistas apuestan a que, de acá a la sesión del martes, haya cambios. “Nuestras disidencias se las manifestamos al oficialismo en la inteligencia de que muchas se resolverán antes de llegar al recinto”, le dijo Cristian Ritondo, jefe de esa bancada, a Infobae.