El defensor general de La Pampa, Martín Saravia, advirtió que en el articulado de la Ley Bases o también conocida como ley ómnibus se “habilita la violencia estatal en manos de las fuerzas de seguridad, promueve el conflicto social y legitima la mal llamada ‘justicia por mano propia’” y reclamó “respuestas políticas humanitarias que entiendan al sistema penal como una excepción en la vida” de las personas.
Saravia dio a conocer un comunicado de prensa. “Por estas horas se debate el proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos, conocida socialmente como Ley ómnibus, y en esa coyuntura la Defensoría General de La Provincia de La Pampa hace pública su preocupación frente a la posibilidad cierta de que se lleve adelante un proceso regresivo en materia penal y de desprotección de los DDHH de los usuarios y usuarias de los servicios de justicia”, expresó.
Sostuvo que el artículo 344 del proyecto de ley –que modifica el artículo 34 del Código Penal– prevé que “quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida”.
“A propósito -dijo Saravia- este ministerio considera que la letra de la iniciativa habilita la violencia estatal en manos de las fuerzas de seguridad, promueve el conflicto social y legitima la mal llamada ‘justicia por mano propia’. En el mismo orden, impide el análisis judicial del caso particular en cuanto al uso racional del medio empleado, si se dieran las circunstancias de legítima defensa y por último, pero no menos relevante, expone a los Estados provinciales y nacional a demandas y condenas en tribunales y cortes internacionales”.
“Así como esta Defensoría Pública se pronunció colectivamente junto a otras agencias estatales y organizaciones de la sociedad civil en defensa de la ley de Salud Mental, sus principios y mecanismos de protección de los derechos humanos, también pretende establecer sus consideraciones a la hora de velar por los principios y garantías constitucionales que rigen sobre los procesos penales y el debido e irrestricto acceso a la justicia de toda persona que habita nuestra comunidad”, expresó.
“La crisis social que atravesamos, que afecta con mayor crueldad a las clases populares, una población a la que definitivamente debemos nuestro trabajo y servicio, reclama respuestas políticas humanitarias que entiendan al sistema penal como una excepción en la vida de las personas”, finalizó el defensor.
