La Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, o también conocida como ley ómnibus, cayó: el Gobierno decidió enviarla nuevamente a comisión y de esa manera deberá comenzarse una discusión de cero. Es una dura derrota parlamentaria del Gobierno de Javier Milei. Había, entre otros, desacuerdos en el capítulo de privatizaciones.
La caída de la ley es completa: la aprobación en general pierde efecto. Es decir, el proceso vuelve a empezar de cero.
El presidente del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Oscar Zago, intentó explicar el sorpresivo levantamiento de la sesión para tratar los artículos en particular de la ley ómnibus y le apuntó a los mandatarios provinciales. “Hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y los gobernadores no cumplieron con su palabra así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir dialogando”, dijo.
La primera derrota tuvo lugar cuando se abordó el capítulo sobre facultades delegadas al Poder Ejecutivo. En efecto, a instancias de los bloques dialoguistas -apoyados por el kirchnerismo- los libertarios y sus únicos aliados de Pro perdieron la posibilidad de manejar de manera discrecional los fondos fiduciarios como así también gozar de amplias atribuciones en materia energética y de seguridad.
A renglón seguido, los libertarios también cayeron derrotados en casi todos los puntos incluidos en el crucial artículo 5 referido a la Reforma del Estado. En este clima dramático, el oficialismo pidió un cuarto intermedio en sus bancas para intentar reconducir la sesión. Al finalizar el cuarto intermedio, el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, pidió el retorno a comisión de todo el proyecto de ley.
“Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”, azuzó el diputado Miguel Pichetto a la bancada oficialista. “Traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar”, les dijo.
El capítulo sobre Reforma del Estado era uno de los ejes más importantes que tiene la iniciativa. Sin embargo, a instancias de los bloques dialoguistas, numerosos incisos fueron rechazados. Entre ellos, los que pretendían facultar al Poder Ejecutivo a regular y controlar en un marco regulatorio la organización interno del sector público nacional, así como a “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente órganos o entidades que integran el sector público”.
Tampoco pudieron mantener en pie la facultad que pretendía arrogarse el Gobierno para suprimir facultades superpuestas; privatizar total o parcialmente empresas y sociedades del Estado; e intervenir entes y compañías del sector público nacional. Con ello, el capítulo de reforma del Estado de la “Ley de Bases” quedó prácticamente desarticulado.
De esa manera, el único triunfo que obtuvo el oficialismo fue en la votación del artículo 1: con 134 afirmativos y 121 en contra se aprobó la declaración de la emergencia pública en seis materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Ese plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año, con posibilidad de ser prorrogado por otro más.
De esta manera, iban a ser seis las emergencias a ser declaradas este año, la mitad de las que pretendía Javier Milei cuando envió la iniciativa al Congreso. Además, los bloques dialoguistas -Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- establecieron como que el Poder Ejecutivo deberá informar mensualmente en forma detallada al Congreso sobre la aplicación de las facultades delegadas.
