El Observatorio Universitario de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa (OUE-FCEyJ-UNLPam) dio a conocer esta semana el informe “Liberalización y quita de subsidios en el Mercado Energético: El impacto en las PyMEs pampeanas”, donde explica cómo el plan económico nacional, respaldado por el DNU 70/2023, impactó negativamente en las Pymes provinciales.
Según el informe, las Pymes enfrentan “significativos incrementos” en las tarifas de energía eléctrica y gas natural a pesar de los intentos del Gobierno de La Pampa por absorber parte de estos aumentos. Establece que el impacto en la estructura de costos fijos de las Pymes es “notable”, lo que podría aumentar el riesgo de cierre de empresas regionales.
Elaborado por Micaela A. Bassi (coordinadora del OUE, economista y docente en FCEyJ) y Sebastián Lastiri (economista y docente de la FCEyJ), en el informe indican que este ajuste en el mercado energético también afectó a los sectores de ingresos medios y bajos, reduciendo los niveles de consumo interno y generando un impacto negativo en los niveles de empleo y la recaudación fiscal.
El Ejecutivo nacional aplicó un aumento del 186% del precio estabilizado de la energía eléctrica respecto al valor a noviembre de 2023, pero el Gobierno de La Pampa ha decidido subsidiar el 40% del aumento. Del análisis del aumento de tarifas eléctricas en el rubro comercio en La Pampa, se concluye que la quita de subsidios vigente a la actualidad y el nuevo esquema tarifario establecido por el Ejecutivo nacional implicaría aumentos por el precio de la tarifa de energía eléctrica para comercios pampeanos del 160,16% promedio para un comercio pequeño.
Además, agregan que la eliminación de la segmentación de tarifas por Zona Fría propuesta por el Gobierno nacional podría exacerbar aún más esta situación al dejar fuera del subsidio a una parte significativa de la población pampeana y a las pequeñas y medianas empresas.
En resumen, para el equipo de economistas “las políticas de ajustes llevadas adelante en el actual programa económico nacional, sin contemplar políticas de sustento de ingresos y producción, contribuyen en la mutación de una crisis de ingresos en una crisis de ingresos y desempleo” en todo el país. “Se traslada el déficit fiscal desde el ámbito nacional a las finanzas provinciales, pero ajustando principalmente los niveles de bienestar general de las clases medias, bajas y Pymes pampeanas mediante políticas de quita de subsidios a servicios energéticos y cambio de precios relativos, a través del emparejamiento del sistema de precios interno con precios internacionales”, agregan.
El ajuste
La nueva gestión de Gobierno en el ámbito nacional inició un plan de reformas de la economía argentina cuyo principal objetivo es una transformación libertaria, a través de la desregulación total de la economía, achicamiento del estado, y reducción del déficit fiscal a costa de una disminución del gasto público y los servicios del Estado. Estos van desde las jubilaciones, la salud y la educación hasta el aumento de tarifas de los servicios públicos por devaluación, la eliminación de subsidios a las tarifas de energía eléctrica y gas natural y aumento del precio relativo de venta por parte de las grandes empresas generadoras; entre otros.
Según indican en el informe, particularmente, el aumento de tarifas energéticas en respuesta a la mega devaluación, así como la decisión de política pública (MEGA DNU 70/2023) de quita de subsidios a servicios esenciales -como energía eléctrica y gas natural- y la modificación de precios relativos de la economía doméstica durante los últimos cuatro meses, han impactado negativamente sobre los niveles de demanda interna, generación de empleo privado, niveles de rentabilidad de PyMEs y recaudación del sistema tributario nacional y provincial.
La desregulación de sectores estratégicos -como energía- y la apertura irrestricta de la economía como lineamiento principal de política pública provoca que los precios domésticos se igualen a los internacionales, mientras que el poder de compra de los salarios e ingresos de la amplia mayoría de las Pymes se mantienen en sus mínimos históricos.
Este conjunto de decisiones provoca una fuerte transferencia de recursos desde los sectores de ingresos medios y bajos hacia los sectores concentrados por la desregulación del mercado, con importantes consecuencias socioeconómicas. Ello impacta en una pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y una disminución de la rentabilidad de Pymes por una caída de la demanda de consumidores finales y el aumento de costos operativos; con efecto negativo sobre la generación de empleo genuino en la economía.
La caída de la demanda interna y nivel de rentabilidad de las Pymes no sólo reduce los niveles de recaudación por menor cantidad de contribuyentes en retribuciones productivas, ya sea de jurisdicción nacional y/o provincial, sino que, además, la tendencia a la baja en la generación de empleo privado registrado reduce los niveles de recaudación en contribuciones a la seguridad social; mientras que las prestaciones en políticas productivas y a la seguridad social brindadas por los gobiernos nacional y provincial continúan con mayores demandas producto de la exclusión social.
El plan económico del gobierno nacional pretende reducir el déficit fiscal con una disminución del gasto público. Para ello se aplican políticas de liberalización de la economía y reducciones en las subvenciones del Estado en los diferentes mercados, para reducir la cantidad de dinero circulante en la economía y contribuir también a disminuir y estabilizar los niveles de inflación.
Este nuevo cuadro tarifario impactó en las tarifas a partir del mes de marzo, retroactivo al consumo del mes de febrero, y se focalizó solo hacia los sectores de ingresos altos -en demanda residencial- y sobre usuarios comerciales e industrias -en demanda no residencial-. Continuando con la clasificación de la segmentación de tarifas de usuarios residenciales por rangos de ingresos con actualización trimestral implementada por el gobierno anterior, los usuarios N2 y N3 mantendrán sin modificaciones sus tarifas energéticas a valor de enero 2024 hasta el mes de abril de 2024, mientras que estos últimos abonarán tarifa plena del excedente de consumo en caso de superar los 400 MWh/mes. En cambio, los usuarios N1, comercios e industrias sufrirán la quita del subsidio y pasarán a pagar tarifa plena sobre sus consumos energéticos. Adicionalmente, se espera que el valor final de las facturaciones del servicio de energía eléctrica de todos los usuarios de la economía aumente aún más, a razón de aumentos de precios por parte de distribuidoras y transportistas del servicio en pos de continuar con el ajuste de todos los eslabones del sector energético a valores internacionales.
El caso del comercio pampeano
Como consecuencia de los nuevos costos de compra definidos por el Ejecutivo nacional, la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa, mediante Resolución N°11/2024, fijó el nuevo cuadro tarifario para la provincia, a cobrar por las cooperativas concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica a usuarios finales dentro del territorio provincial.
Como una primera aproximación para cuantificar el impacto del aumento de tarifas de energía eléctrica en La Pampa, se utilizó la metodología de estudio de casos. Se analizaron los cambios normativos y se solicitó colaboración a tres comerciantes de Toay para que brinden copias de sus facturas de servicio eléctrico, con las que se simuló el aumento establecido por el eEjecutivo nacional para el sector dentro de las provincias.
A partir de ello, para dimensionar el impacto en la estructura de costos de una pyme pampeana, se cuantificó la participación del aumento de tarifa del servicio eléctrico en relación al salario testigo del convenio de empleados de comercio (F.A.E.C.Y.S para octubre 2023 y febrero 2024) y se eligió para exponer el caso más representativo del sector.
A pesar del aumento del 186% del precio estabilizado de la energía eléctrica ejecutados por el Ejecutivo nacional respecto al valor a noviembre de 2023, el Gobierno de La Pampa ha decidido subsidiar el 40% del aumento. La Secretaría de Energía de La Pampa definió el nuevo cuadro tarifario vigente desde febrero, sin trasladar la totalidad del aumento a los usuarios pampeanos afectados.
A razón de ello, para un usuario comerciante cuyo consumo supera los 850 Mw/h al mes dentro de territorio provincial, los aumentos previstos son: 116% en el cargo fijo, 122,27% den el costo por potencia, 131 % del costo de compra, 116,03% de aumento del V.A.D para los primeros 60 MWh y 115,99% para el V.A.D de los MWh excedentes. Para ello, se utilizó como base el precio abonado por los comerciantes en octubre de 2023 y el precio a pagar en marzo de 2024, transcribiendo los valores de la factura del primer mes y estimando los valores para el segundo con el nuevo cuadro tarifario.
Del análisis del aumento de tarifas eléctricas en el rubro comercio en La Pampa, se concluye que la quita de subsidios vigente a la actualidad y el nuevo esquema tarifario establecido por el Ejecutivo nacional implicaría aumentos por el precio de la tarifa de energía eléctrica para comercios pampeanos del 160,16% promedio para un comercio pequeño.
Al compararlo con el salario promedio de la categoría vendedor del sector ($630.271,41 para el periodo febrero 2024), la participación del costo de la energía representó un 16,96 % del total del salario básico -neto de cargas sociales y otros incentivos-, un 35,7% más que en octubre de 2023. Este ajuste en el valor final sobre la factura de un comerciante surge por el impacto del aumento ponderado en los factores de la tarifa, aún con la intervención provincial mediante la aplicación del subsidio parcial. De igual modo, esta tarifa no incluye el cambio de precios relativos de la economía, sino que solo contempla el ajuste ante el aumento de la inflación y quita de subsidios del estado nacional. Para cuantificar el impacto sobre el valor final de la factura del servicio, se debería esperar el ajuste previsto para el mes de abril, para conocer los nuevos lineamientos de segmentación de tarifas.
En esta línea, el Ejecutivo nacional proyecta un nuevo aumento del costo de la energía del 95,84% cuya vigencia se programa para el periodo comprendido por los meses de mayo a julio de 2024, por lo que las consecuencias socioeconómicas para las Pymes y sectores de ingresos medios y bajos de la sociedad pampeana se acentuarían; afectando el desarrollo económico.
Liberalización de los mercados energéticos: el impacto económico.
El nuevo plan económico vigente por parte del gobierno nacional focalizado en la liberalización de la economía y reducción del déficit fiscal a costa de una brutal transformación de la participación del estado en la economía ha provocado un contexto de profunda recesión, transferencia de ingresos de sectores medios y bajos a los sectores concentrados, gran incertidumbre y aceleración inflacionaria.
En primer lugar, la falta de calidad institucional y consensos en la toma de decisiones políticas ha llevado a problemas de gobernabilidad que acentuaron la inestabilidad macroeconómica argentina. Respecto a la liberalización de mercados energéticos, el ajuste de tarifas por devaluación, la decisión de política pública de quita de subsidios energéticos y el emparejamiento de los precios domésticos a los internacionales ha dado como resultado un fuerte aumento del precio relativo de la energía.
Ello ha impactado de lleno en los niveles de consumo ante el aumento descontrolado de precios internos, presionando al alza los niveles de inflación, reduciendo los niveles de rentabilidad de las PyMEs, poniendo en riesgo la subsistencia de muchas de ellas e impactando negativamente en la generación de empleo privado registrado dentro de la economía local.
Destacan que, ante el 160% de aumento en el valor de la factura de energía eléctrica que debe abonar un comerciante, que refuerza el aumento exponencial de la estructura de costos fijos y operativos del rubro, resulta dificultosa su subsistencia ante un contexto de caída del nivel de ventas y rentabilidad de las Pymes.
El aumento de la participación de la nueva tarifa eléctrica en relación a un salario testigo de empleado de comercio es del 35% condicionando también la permanencia y generación de nuevos puestos de trabajo en el sector. Esto implica un aumento de la incidencia del costo de la energía en la estructura de costos fijos de la empresa.
Como resultado, la desregulación extrema del sector energético sin ninguna política de compensación de ingresos ni sustento de los sectores productivos está afectando la competitividad y sostenibilidad de las pymes y comienza a transformarse en una crisis de empleo. Por ello, el plan económico de reducción de la inflación y déficit fiscal de la economía argentina estimula los efectos de la actual recesión con graves consecuencias socioeconómicas y productivas, debido a un ajuste extremo hacia los sectores de ingresos medios y bajos.
Sumado a ello, la inestabilidad político-económica en el ámbito nacional y regulatoria en mercados energéticos estimula la generación de expectativas desfavorables para el arribo de inversiones estratégicas que permitan desarrollar y eficientizar tales servicios, desalentando la defensa de la competencia dentro del mercado energético y favoreciendo a la monopolización en la generación, distribución y comercialización; con graves impactos económicos sobre los usuarios finales y el sistema económico en general.