El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que, en 72 horas, informe la cantidad de productos alimenticios que tiene stockeados y, de acuerdo a la fecha de vencimiento y tipo de producto, establezca “de inmediato” un plan de distribución. La respuesta de Casanello respondió a un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos. En paralelo, se dio a conocer el cronograma de indagatorias para los dirigentes de comedores populares denunciado por el Ejecutivo.
Grabois dio a conocer la existencia de 5 mil toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano tenía guardado en dos galpones, uno en la localidad bonaerense de Villa Martelli y otro en Tafí del Valle, Tucumán. Ante ese dato, publicado por el sitio El Destape, el Gobierno salió a defenderse diciendo que no entregaba los alimentos a los comedores populares por algunas irregularidades que están bajo investigación del propio Casanello; hasta que el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, salió a decir que los alimentos guardados era para “casos de emergencia”.
“Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes”, indicó Casanello en su resolución para exigirle al Ministerio de Capital Humano que “en el marco de sus competencias” elabore un plan de distribución de dichos alimentos. El plazo para relevar los alimentos a disposición de la cartera conducida por Pettovello y la presentación de un plan de distribución es de 72 horas.