El gobierno de Javier Milei y sus aliados del PRO sufrieron en la madrugada de este miércoles una durísima derrota parlamentaria que puede marcar un antes y un después en la dinámica parlamentaria que deberá enfrentar el Gobierno. Radicales, peronistas, el pichettismo y provinciales votaron juntos contra La Libertad Avanza y el PRO y lograron sancionar un aumento para los jubilados y una nueva fórmula de actualización de los haberes con una aplastante mayoría de 160 votos, que los deja a sólo 11 de los dos tercios necesarios para rechazar un eventual veto del presidente Milei.
Pero la situación para el Gobierno podría ser incluso peor. Porque si se toman los dos tercios de los presentes, la alianza que hoy se conformó lo habría alcanzado porque en el recinto había 240 diputados. La inapelable derrota del bloque oficialista que quedó reducido a un tercio del recinto con apenas 70 votos, puede tener impacto en los mercados porque exhibe un límite político muy claro al ajuste que empuja el presidente Milei.
El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).
El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.
A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.
Los espacios de la oposición llegaron a la sesión con varios dictámenes. La más importante giraba en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.
Durante todo el martes, la UCR y Unión por la Patria (UP) ultimaron los detalles para juntar una holgada mayoría que permitiera aprobar un proyecto común que repare la pérdida de poder adquisitivo de enero pasado que sufrieron los jubilados por la devaluación y un cálculo para adelante que combine índice inflacionario y promedio salarial.
Las frenéticas negociaciones se dieron con la sesión ya lanzada. Tras seis horas de debate, los diputados peronistas repasaban el texto que había devuelto el radicalismo, con negociaciones en pleno recinto. Los principales legisladores de las bancadas lideradas por Rodrigo De Loredo y Germán Martínez avanzaban en una tarea paralela a la sesión, de acuerdo político limando diferencias técnicas.
El impactante volumen de votos que cosechó el proyecto, basado en el dictamen radical, fue un mensaje directo al corazón de la Casa Rosada, porque Milei había prometido que vetaría cualquier iniciativa que pusiera en riesgo el equilibrio fiscal. La cantidad de voluntades a favor puede ser indicativa de lo cerca que quedaría la Cámara Baja de alcanzar los dos tercios, cifra que permitiría blindar la nueva fórmula previsional.
El consenso empezó a construirse a media tarde, cuando el radicalismo consideró que era atendible el reclamo del peronismo para excluir del proyecto la descapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, para afrontar juicios de jubilados y compensaciones a las cajas provinciales.
