En los primeros minutos del debate en la Cámara de Senadores de la Ley Bases, el oficialismo anunció que estaba dispuesto a modificar el artículo 7 de la Ley Bases para quitar de las empresas “sujetas a privatización” Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) – que controla la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país-.
La clave está en que los capítulos sobre los cuales el Gobierno cedió y aceptó cambios de último minuto pendían de un hilo por el anticipado rechazo de ese grupo de senadores, donde además de Martín Lousteau hay están Pablo Blanco (también radical) y provinciales como Edgardo Kueider o Alejandra Vigo, que aportaron para el quórum pero mantuvieron la presión sobre la redacción del texto.
Ante la certeza de que la Ley Bases volverá a Diputados de todas formas, el oficialismo aceptó hacer estos cambios de último minuto para tratar de acercar algún otro voto que le facilite a Javier Milei la aprobación en general que necesita en el Senado y evitar un despedazamiento por la fuerza en la votación en particular de cada capítulo.
La jugada sorpresa del oficialismo confirmó que Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos quedarán afuera de la lista de empresas a privatizar, que ahora se limita a solo seis compañías, entre las cuales se encuentran AySA, Intercargo y Sociedad Operadora Ferroviaria.
Con esto buscó conformar a los senadores que se inclinaban por votar en contra de todo el capítulo sobre privatizaciones (entre los que se destacaban los patagónicos de todos los bloques) y que sumados a los 33 del kirchnerismo pusieron en jaque este punto.
En el mismo sentido, se dejó afuera de la Ley Bases el capítulo que reformulaba la moratoria previsional y la reemplazaba por una prestación proporcional. En limpio: el esquema de moratoria que se sancionó durante la gestión de Alberto Fernández seguirá vigente hasta fin de año sin cambios. Esto lo reclamaba la cordobesa Alejandra Vigo.
Además, el oficialismo aceptó que las obras públicas con 80% de avance o que tengan financiamiento privado o «internacional» seguirán adelante y agregó organismos públicos vinculados a la cultura a la nómina de entidades que quedaran fuera del alcance de la facultad de Milei para eliminarlas.
Precisamente, la delegación de facultades es otro de los puntos críticos del proyecto porque el oficialismo no tenía asegurada una mayoría para sostenerlo, en parte, por el artículo que le permite al presidente reorganizar o suprimir numerosos organismos del Estado que, ahora, serían muchos menos.
