La defensora adjunta de la Defensoría de la Niñez de La Pampa, Mariángeles López, dijo a Radio Textual (LU 33) que el proyecto para bajar la imputabilidad a 13 años que impulsa el Gobierno nacional es “súper preocupante y es un retroceso”. Sostuvo que la solución no es “encerrar” a los adolescentes sino pensar en los motivos que lo llevan a cometer un delito y reveló que los porcentajes de menores que delinquen es “bajísimo”, de apenas “un 2 o 3 por ciento”.
Bajo el slogan “delito de adulto, pena de adulto”, el Gobierno elaboró un proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que comprende una reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes, que serían encarcelados en “establecimientos especiales” o “secciones separadas” dentro de los complejos penitenciarios.
“Esto claramente va en contra de principios aceptados adentro de nuestras convenciones. Es súper preocupante”, dijo la defensora adjunta de la Defensoría de la Niñez de La Pampa, Mariángeles López.
“El niño a partir de la convención, comenzó a tener un plus de derechos. Desde esa línea no podemos compararlos con los adultos. Lo grave de este proyecto es el retroceso que va a generar”, lamentó.
“Volver a instalar discusiones que ya dimos es agotador. Hay cosas nuevas para discutir y no volver a temas como la baja de edad de la imputabilidad”, sostuvo.
¿Por qué es un retroceso el proyecto del Gobierno de Milei? “Porque los adolescentes están en proceso de desarrollo y si los encerramos y creemos que esa es la solución sin pensar en los motivos que lo llevan a cometer un delito es un retroceso”, explicó López.
“La realidad es que los porcentajes de adolescentes que cometen delitos es bajísimo. Hablamos de un 2 o 3 por ciento. Y, además, cuando hablamos de menores cometiendo delitos se suele pensar que son todos homicidas y no es la realidad. La Pampa viene desde agosto del año pasado recorriendo su propio camino con su Ley de Procedimiento Penal y las estadísticas que tiene son bajas. No nos vamos a correr de ahí”, aseguró.
López pidió no dejar afuera del debate a “la realidad económica”.
“Está claro que la situación económica incide en los chicos y chicas: ellos están preocupados por lo que sucede en sus casas, con padres que plantean dificultades económicas y falta de alimentos. Eso no se puede dejar de tener en cuenta al momento de decidir políticas que afectan derechos”, reclamó.
