El Gobierno nacional oficializó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), a seis meses del inicio del proceso de desmantelamiento.
La medida se hizo oficial a través del decreto 696/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó horas antes de la medianoche el cierre definitivo del organismo.
“Faltaba su muerte administrativa: mañana (por hoy) el INADI habrá dejado de existir para siempre”, escribió en sus redes sociales.
“Disuélvese -indica la normativa- el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”.
A su vez, el Ejecutivo transfirió la “totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto” a la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona.
De esta manera, el ministerio “tendrá a su cargo la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”. Con respecto al personal del INADI, dispusieron que aquellos alcanzados por el régimen de estabilidad quedan sujetos a las previsiones de los dispuesto en el artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias”.
Así, el Ejecutivo pone fin al proceso que inició en febrero de este año, cuando anunció el cierre del instituto. Adorni también fue quien lo comunicó en esa oportunidad. “Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, introdujo el funcionario en una de sus habituales conferencias de prensa en la Casa Rosada. “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el INADI”.
Según explicó el vocero, el organismo que había sido creado para combatir todo forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país.
“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz. “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.
