El proyecto de ley del aporte solidario sigue trabado en la Legislatura desde hace meses y, a pesar de las necesidades para su aprobación que tienen varios sectores y de los argumentos públicos que han dado la UCR y el Pro para no dar quorum, hay otro factor a considerar: las presiones del bloque de Comunidad Organizada y sobre todo de su jefe político, Juan Carlos Tierno.
Durante la semana, y luego de que los intendentes radicales les reiteraran a los diputados provinciales de la UCR que querían que se aprobara, las condiciones estaban dadas y varios integrantes de la bancada deslizaron a los medios que se podía lograr el quórum y hasta acompañar con su voto. Es la línea que manejan principalmente los legisladores azules.
La convocatoria del gobernador Sergio Ziliotto a los bloques de la UCR y el Pro para dialogar y consensuar la letra de la ley había sido un paso adelante.
Sin embargo, el miércoles, antes de la sesión, la conducción del bloque radical se reunió con los dos diputados de CO, Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, de la que también participó Tierno, que es su jefe político. Los de CO se oponen directamente y no quieren dar quórum. En ese encuentro presionaron a los radicales con minar cualquier acuerdo hacia adelante, volcar al Pro de su lado y hasta denunciarlos si daban quórum o directamente votaban a favor de la ley.
Acto seguido, según dicen en los pasillos de la Legislatura a Diario Textual, todo el avance que se había conseguido con concesiones por parte del Ejecutivo a pedidos de la oposición se diluyó, se cayó la sesión y los diputados radicales volvieron a tomar posturas de máxima, que atentan contra cualquier acuerdo.
Para una intendenta radical, no es una ley especial
Por supuesto que los intendentes radicales y del Pro siguen reclamando. Incluso se escuchó a la jefe comunal de Intendente Alvear, la radical Agustina García, decir que la ley que se votaba no era especial -ni inconstitucional- como pretenden imponer los bloques legislativos de la UCR y del Pro. Puso como ejemplo que en 2020, cuando era legisladora, votaron una ley similar en plena pandemia de coronavirus. García habla por el resto de los intendentes que están necesitando esos fondos de manera urgente.
Sin quorum
Hace unos días, en un encuentro en Ataliva Roca, los intendentes de Juntos por el Cambio habían pedido especialmente que se aprobara el proyecto del aporte. Los legisladores, sin embargo, el jueves pasado no dieron quorum en la sesión. Y ahora ya no quedan fondos para pagar las tarjetas alimentarias a 23 mil familias pampeanas. De hecho, según avisó el Gobierno provincial, el próximo pago del refuerzo alimentario previsto para el 20 de agosto no se podrá hacer. A menos que amplíe el presupuesto.
¿Cuáles son los acuerdos que hay entre peronismo y oposición? Incluir al Casino Club; meter dentro de este aporte al Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco), con un 50% para el Ejecutivo y el otro 50% para las municipalidades y comisiones de fomento; retirar del aumento de impuestos al sector inmobiliario y a los vehículos de los grandes contribuyentes; y cobrarles a los funcionarios de mayores ingresos (quedan exceptuados los empleados).
Actualmente son dos los principales argumentos que impiden su aprobación, según han dicho públicamente los opositores:
1-La oposición pide que el aporte sea tratado y aprobado como ley especial -es decir, con mayoría especial, por lo que, de 30 legisladores en una sesión, se requieren 16 votos- de acuerdo al artículo 69 de la Constitución provincial, en tanto que el peronismo se niega.
2-La oposición pide que las entidades financieras no paguen el aporte. El peronismo, que pretende llevar Ingresos Brutos del 9 al 15%, tiene dos argumentos: que es el sector que más dinero ha ganado en los últimos años y que el Banco de La Pampa -que es la banca con mayor cantidad de clientes en la provincia- se comprometió a no trasladar los costos.
Los radicales -diputados e intendentes, más integrantes de los comités- se reunieron el viernes por la noche en Colonia Barón. Allí hubo acuerdo en que la ley del aporte “debe salir sí o sí”, pero llamativamente metieron la “condición innegociable del artículo 69”, que hace prácticamente inviable esa posibilidad: que sea tratada como una ley especial.
¿Por qué al radicalismo le interesa que sea tratada como una ley especial? De esa manera, quedará un “antecedente” en la Legislatura que permitirá tener un mayor control de los gastos del Gobierno.
En Casa de Gobierno y el bloque del Frejupa (dominado por el PJ) sostienen que el aporte no puede ser tratado como ley especial. En su argumentación, recuerdan que la aprobación de la Ley de Presupuesto no necesita una mayoría especial y que el aporte, en definitiva, es una modificación del presupuesto. Es decir, siguiendo su posición, sería ilógico que se requiera la aprobación del presupuesto por mayoría simple pero la aprobación de cualquier otra norma que implique un gasto, o sea que la modifique, requiera de una mayoría especial. Para la oposición, sin embargo, el aporte es la creación de un nuevo gasto.
