El gobernador Sergio Ziliotto recibió este martes un informe de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) con la estrategia judicial para avanzar con una demanda al Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento del fallo de 2020 que obliga a Mendoza a soltar agua del río Atuel en el oeste pampeano.
La demanda fue elaborada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la impulsarán dos organizaciones no gubernamentales históricamente comprometidas con el reclamo: la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos. El Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, fue activo colaborador en la presentación, al aportar el andamiaje judicial previo que culminó con la sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al no cumplirse, promovió la presentación que hoy se formalizó ante el organismo internacional.
La intención es que la Comisión Interamericana obligue al Estado nacional a que se cumpla la sentencia de hace cuatro años y que así se protejan los derechos de todos los pampeanos.
El acto comenzó a las 9.30 en el salón del Consejo Superior de la UNLPam. El rector Oscar Alpa y el abogado Andrés Gil Domínguez entregaron al gobernador Sergio Ziliotto el informe de la Consultora de la UNLPam.
En este trabajo se evaluó y propuso a la Provincia alternativas para acudir ante los organismos respectivos tanto en el plano nacional como interamericano o internacional.
El objetivo es “efectivizar los derechos reconocidos” en la sentencia dictada en 2020 a partir de la demanda de La Pampa contra Mendoza por el uso de los ríos interprovinciales.
Gil Domínguez, abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, fue el coordinador general del equipo de trabajo, integrado además por una docente, una graduada y dos estudiantes de esa unidad académica.
Ziliotto volvió a advertir del RIGI
“Hace más de 77 años que empezó esta lucha, con la carta de Ángel Garay al presidente de la Nación (Juan Domingo Perón), donde advertía que habían cortado el río”, dijo Ziliotto. “Es una lucha que nos une, por historia y por defensa de nuestro futuro”, expresó.
Además, volvió a advertir de la posibilidad de que Mendoza, frente al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), se use el agua que le corresponde a La Pampa. “Debemos estar cada vez más alerta, sabiendo cómo son las actitudes de una provincia vecina”, expresó. “El Congreso nacional aprobó un capítulo, que es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Mendoza ya inició el proceso de adhesión, con una cámara que lo aprobó. Más allá de lo que se dice, hay un texto del RIGI que, como mínimo, soslaya las competencias provinciales: la disposición libre de nuestros recursos naturales”, dijo Ziliotto.
“El RIGI abre las puertas a las grandes inversiones y que tiene una actividad económica que es el extractivismo. Que es el que más recursos se lleva y el que menos trabajo deja”, sostuvo. “En Mendoza están planteando muchas exploraciones mineras”, dijo.
“El principal insumo de la minería es el agua. Y el RIGI da acceso ilimitado al agua, que podría atentar contra los recursos naturales pampeanos”, sostuvo.
“Para arreglar la economía no hay que perder derechos”
El rector de la Universidad Nacional de La Pampa agradeció a los presentes y especialmente a los que trabajaron en la elaboración del informe que dio lugar a la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Estamos defendiendo derechos”, dijo Alpa y trazó un paralelo entre la lucha por el derecho al agua con la lucha por el derecho a la educación superior, que “se garantiza, con presupuesto, salarios de docentes y no docentes que en los últimos siete meses han sido pulverizados”.
“Para arreglar la economía no hay que perder derechos como dice el gobierno nacional”, afirmó y puso como ejemplo a la provincia de La Pampa “que siempre ha sido ordenada desde lo económico y al mismo tiempo ha mantenido los derechos de la población”.
El titular de la Casa de Altos Estudios defendió enfáticamente el rol de la universidad pública y advirtió que en el contexto actual se corre el “riesgo de que nuestras y nuestros docentes y no docentes emigren y perdamos la calidad, denigrando al sistema universitario público como derecho humano universal”.
Finalmente y en directa relación a la lucha por la soberanía hídrica y ambiental, dijo que “no podemos plantear cuestiones económicas y como contra partida ir contra el derecho humano al agua y a un ambiente sustentable”.
“Mendoza no acata ni las ordenes de la Corte”
“Hace ya bastante tiempo que en la Fundación Chadileuvú se discutió la necesidad de recurrir a la Suite de Supranacionales, fundamentalmente los que están en el marco de la Organización de Estados Americanos, es decir la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Corte”, recordó el titular de la Fundación Chadileuvú, Alberto Goldberg.
En este sentido dijo que considerando “las últimas acciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se había llegado a una situación inédita donde por primera vez una provincia entra en rebeldía y no acata las ordenes de la Suprema Corte”.
“La Corte Suprema agotó todas sus posibilidades, no tiene ejercito de policías a su disposición y se guía por criterios políticos donde Mendoza tiene las de ganar como provincia más importante que La Pampa desde el punto de vista electoral y económico. La única posibilidad que nos queda es iniciar un camino largo, pero que puede tener éxito y llagar a lo que aspiramos todos lo pampeanos, que por fin el agua de Atuel corra por el cauce de La Pampa”, concluyó.
“El desastre ecológico más grande del país”
Roberto Rodríguez, integrante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, recordó la lucha pro los ríos fue iniciada “por antiguos pobladores, artistas, músicos, que se han venido expresando de distintas formas por más de más de 70 años”.
“Este robo que viene ejerciendo Mendoza aguas arriba que nos toca a nosotros en particular y a otras provincias aguas abajo, va alcanzando grandes niveles de lucha donde, acompañando por el pueblo pampeano y las localidades más afectadas por estos cortes, han ido poniendo sobre la vividera el robo no solo del río Atuel si no también del Salado que ha provocado el desastre ecológico más grande de la historia de nuestro país”.
“Nos hemos sentidos acompañados por todo un pueblo, por el Gobierno provincial que ha venido encabezando esta lucha y por las ONG. Nosotros como ONG nueva hemos venido bregando por este resultado, hemos acompañado presentaciones ante la justicia, la cual ha dado veredicto favorable para La Pampa. Ahora nos está quedando esta última instancias de reclamo. Esperamos tener resultados positivos en esta presentación internacional, no solo en declaraciones si no en los hechos, hay que terminar con este silencio que tiene Mendoza y la Corte Suprema de Justicia”, finalizó.
Estudio previo y denuncia
En marzo de este año el Gobierno de la Pampa a través del gobernador Sergio Zilliotto firmó un convenio con la Consultora de la UNLPam, representada por el rector Oscar Alpa, con el objeto de que se evalúe y proponga a la provincia -a través de su Fiscalía de Estado- alternativas para acudir a los organismos internacionales a los fines de efectivizar los derechos reconocidos en la sentencia dictada por la CSJN con fecha 16 de julio de 2020 contra la provincia de Mendoza por el Río Atuel.
El equipo de trabajo de la UNLPam estuvo bajo la coordinación general del doctor Andrés Gil Dominguez.
Luego de un análisis pormenorizado de la normativa de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en torno a la protección al ambiente como derecho humano y de los antecedentes judiciales del caso, se arribó a la conclusión que estaba habilitada la posibilidad de realizar la denuncia o petición correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la mencionada causa se agotaron los recursos de jurisdicción interna, se obtuvo sentencia favorable a la Provincia de La Pampa y en la etapa de ejecución de sentencia se verificó que continuaba la violación del derecho al ambiente ante la omisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de adoptar medidas de cumplimiento concretas.
Asimismo, se analizó la falta de legitimación de la provincia para interponer la denuncia y se llegó a la conclusión que los denunciantes debían ser organizaciones no gubernamentales provinciales de reconocida trayectoria.
Como consecuencia del estudio realizado, Andrés Gil Domínguez procedió a confeccionar la denuncia a ser presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se procederá a firmar en este acto por los representantes de las dos organizaciones no gubernamentales de la provincia con amplia y reconocida trayectoria en la defensa de nuestros ríos.
El fallo de 2020
El 16 de julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó que Mendoza debe garantizar un caudal inicial mínimo permanente de 3,2m3/s en el ingreso del río Atuel a La Pampa. Sin embargo, el ecocidio no se ha detenido: el máximo organismo judicial parece no hacer nada para obligar a la provincia cuyana a cumplir el fallo y el río sigue seco.
El corte del Atuel lleva 77 años. En La Pampa se desertificaron 1,5 millones de hectáreas y centenares de personas tuvieron que migrar a otros lugares.
