La decisión del Gobierno provincial de suspender el pago del Refuerzo Alimentario Focalizado a familias vulnerables, que debía efectivizarse el 20 de agosto, le mete más presión a los legisladores y legisladoras de la UCR y el PRO -que ya venían cuestionados por sus propios intendentes- para que se sienten a dar quorum en la Cámara de Diputados y traten el proyecto de aporte solidario extraordinario.
La comunicación del no pago del RAFE por parte del Ministerio de Desarrollo Social cayó como un baldazo de agua fría en los municipios y comisiones de fomento, que temen que ahora se desate un aluvión de reclamos por alimentos.
La medida afecta a 10 mil núcleos familiares, que totalizan 27 mil personas que este mes no recibirán el refuerzo alimentario y no hay certidumbre de cuándo se reanudará.
La decisión se veía venir. Es que los $10 mil millones presupuestados este año para la Tarjeta Alimentaria ya se agotaron y no se aprobó todavía el proyecto de ley del aporte solidario extraordinario.
El Gobierno, tal como informó Diario Textual esta semana, va a incrementar el Presupuesto 2024 porque quedó desactualizado a raíz de la fuerte inflación -ayudado por la devaluación de diciembre que implementó el Gobierno de Javier Milei-. Pero la prioridad es cubrir salarios, jubilaciones y atender áreas como salud y educación. En principio, no alcanzaría para cubrir la asistencia a las familias vulnerables con las tarjetas alimentarias: para eso esperan que la Legislatura apruebe el proyecto de ley de aporte solidario (que, entre otros puntos, contempla un aumento de impuestos a los bancos por seis meses).
El ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, dijo a Diario Textual que van a explorar alguna “alternativa” de financiamiento para el Refuerzo Alimentario. Esa precisamente es la posibilidad de que se financie a través del incremento del presupuesto.
“En principio está suspendido el pago hasta ver si podemos tener una alternativa de financiamiento. Lo que le hemos comunicado a los municipios es que no están garantizados los fondos para la acreditación. Si se aprueba el aporte solidario posiblemente tengamos una fuente de financiamiento. Pero en principio el día 20 no se va a depositar”, dijo.
El proyecto del aporte solidario extraordinario, presentado por el Gobierno de Sergio Ziliotto hace cuatro meses en la Cámara de Diputados, está trabado en la Legislatura. En las últimas tres sesiones, los opositores de la UCR, Pro y Comunidad Organizada no han dado quorum, con el argumento de que no quieren subir más impuestos y que el peronismo pretende aprobar la ley en forma inconstitucional.
Ha habido avances, con varios puntos cedidos por el peronismo, pero las negociaciones recientemente se han estancado.
Los principales argumentos de la UCR y el PRO para no dar quorum es que no quieren subir más impuestos y que el peronismo pretende aprobar la ley en forma inconstitucional.
Reclaman que el proyecto sea tratado y aprobado como ley especial -es decir, con mayoría especial, por lo que, de 30 legisladores en una sesión, se requieren 16 votos- de acuerdo al artículo 69 de la Constitución provincial, y quieren que las entidades financieras no paguen el aporte.
En tanto, el peronismo propone llevar Ingresos Brutos del 9 al 15% y esgrime dos argumentos: que los bancos son el sector que más dinero ha ganado en los últimos años y que el Banco de La Pampa -que es la banca con mayor cantidad de clientes en la provincia- se comprometió a no trasladar los costos.
Sostiene además que el aporte no puede ser tratado como ley especial. En su argumentación, recuerdan que la aprobación de la Ley de Presupuesto no necesita una mayoría especial y que el aporte, en definitiva, es una modificación del presupuesto.
