La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretó este miércoles una jornada de protesta que incluyó una movilización al Congreso nacional, en rechazo al mega DNU del presidente Javier Milei y contra “las políticas de ajuste que recrudecen en el sector público”.
“La medida de fuerza tuvo gran adhesión en todo el país y se convierte en la antesala de un paro general que tiene que llegar en las primeras semanas de septiembre”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
En esta ocasión, el sindicato de empleados públicos montó una carpa dentro del anexo del palacio legislativo con mesas para recolectar firmas por la anulación del DNU 70/23 “que significa una pérdida de derechos para trabajadores y jubilados”.
La protesta se dio en medio de una semana donde el Congreso trataba los proyectos de reformas laborales y sindicales, entre otros, “los cuales ponen en riesgo los derechos de los trabajadores”, expresó el gremio.
Las medidas de fuerza se replicaron en todo el país con protestas frente a las legislaturas provinciales y concejos deliberantes locales.
“Tenemos que pensar en una profundización del plan de lucha que nos permita ponerle freno a un Gobierno que se ha decidido a atacar todos nuestros derechos y arrasar con la Constitución nacional”, dijo Rodolfo Aguiar.
Sobre la posibilidad de lanzar la tercera medida de fuerza general de la era Milei en conjunto con todas las entidades gremiales, sostuvo: “Hay condiciones y sobran motivos para que todas las centrales obreras convoquen a una huelga”.
“Si nuestros sueldos mensuales fueran de 9 millones de pesos como el de los senadores, no pensaríamos en llevar adelante estas acciones”, agregó.
Y cerró: “El plan económico del Gobierno no funciona ni va a funcionar. Además, los números cada vez le dan peor. Una gran mayoría de los que los respaldaron están decepcionados. Tenemos que seguir desgastándolos”.
La lista de reclamos de ATE incluyó “denunciar la criminalización de la protesta social y exigir la liberación de los detenidos por luchar; repudiar todos los proyectos de reformas penales y laborales tratados en el Congreso; aumentos salariales por encima de la inflación y cese de las políticas de ajuste y desguace del Estado”, entre otros.
