Con un contundente mensaje, el PRO volvió a ratifica su respaldo al veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. De esta manera, el partido dio un giro: sus legisladores de partido votaron a favor de la iniciativa en el Congreso nacional para recomponerles los haberes a los jubilados.
“No alentamos los atajos, porque sabemos que, a la larga, dañan el sistema que sostiene la democracia, la república y la libertad de los argentinos”, señalaron a través de una publicación en redes sociales desde el partido que preside Mauricio Macri. Un día antes, Javier Milei había apuntado contra quienes habían acompañado el proyecto, tildándolos como “una manga de mentirosos demagogos”. Posteriormente, Macri -que había ordenado el voto de sus legisladores a favor de la ley- dio marcha atrás.
“Es un momento importante para que desde el PRO ratifiquemos los valores que nos unen. El principal es trabajar siempre por el cambio y apoyarlo con generosidad donde esté sucediendo. Eso significa hacer lo correcto sin especular sobre las conveniencias particulares”, inició el mensaje.
“Mas allá de las acciones que a veces requieren las técnicas legislativas, como partido siempre ha mantenido un compromiso con una visión del país basada en el crecimiento, la libertad y la democracia”, dijeron.
“Ninguna fórmula de aumento a los jubilados va a funcionar si no se arregla antes la economía”, sostuvieron. “La historia de los últimos años lo demuestra. El PRO declara su apoyo al veto del Presidente Milei a esta ley inapropiada”, concluyeron.
La iniciativa mantiene el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, pero le suma un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.
Además, se dispone que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivale a $ 321.600, $ 15 mil más que el monto de junio.
Finalmente, el proyecto propone que la fórmula de movilidad no dependa sólo de la inflación sino que también tenga en cuenta los salarios. De esta manera, en caso de que el índice de inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cambios en la movilidad significarían un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año. Sin embargo, el comunicado de la Oficina del Presidente afirma que la ley “implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en e futuro los jóvenes argentinos”.
