El presidente del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (STJ), José Sappa, dijo a Diario Textual que aún no han “debatido” si los jueces, fiscales, defensores y otros funcionarios de la Justicia aportarán al fondo de atención prioritaria de sectores vulnerables (conocido como aporte solidario). “Cuando haya más información de los otros poderes, lo debatiremos”, dijo.
Hoy, tal como publicó Diario Textual, sorpresivamente la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFMPF) comunicó su decisión de aportar al fondo sancionado por la Legislatura Provincial. El monto corresponderá del 100% del valor de la cuota social que aportan las y los funcionarios integrantes del MPF. De todas maneras, sin definición por parte del STJ, no se sabe aún cómo se instrumentará su aporte.
De esta manera, los fiscales se despegaron de jueces, defensores y otros funcionarios que, en notas enviadas a la Legislatura, se habían manifestado en contra de este pago. Estos apelaron a un viejo argumento: que los salarios de los jueces son “intangibles”, por lo que es ilegal su cobro. En ese marco, manifestaron su “profunda y grave preocupación” por este aporte.
Quien define si se suman o no al aporte es el Superior Tribunal de Justicia. El presidente del organismo, José Sappa, le dijo a este diario digital que aún no han tomado una postura. “No hemos tomado definición aún por falta de información de los otros poderes al respecto. Cuando haya más información, lo debatiremos. Pero aún no nos ha llegado información”, se limitó a responder.
El fondo de atención prioritaria de familias vulnerables es para financiar la asistencia alimentaria a 10 mil núcleos familiares, que totalizan 27 mil personas que mes a mes reciben el refuerzo alimentario.
El Gobierno de Sergio Ziliotto creó este fondo (ex aporte solidario) debido a que en julio se agotó la partida para el pago del Refuerzo Alimentario Focalizado, por lo que debió suspenderse. Después de muchas idas y venidas porque la oposición no daba quorum en la Legislatura, Ziliotto mandó un nuevo proyecto en el que metió un aumento de ingresos brutos a los bancos y el aporte de funcionarios de altos ingresos. Así, los diputados y diputadas de la UCR, PRO y MID se sentaron en sus bancas y sancionaron la ley.
