Hay jueces, defensores y otros funcionarios judiciales que ya están debatiendo si presentan una demanda para evitar pagar por cuatro meses el “diezmo” para sostener alimentariamente a familias vulnerables de La Pampa.
El dato fue confirmado a Diario Textual por integrantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa y otros funcionarios no colegiados que, ya en el debate de este aporte, había advertido a los legisladores y las legisladoras que el salario de los jueces es “intangible”, según lo establece la Constitución Nacional.
El Fondo Alimentario Extraordinario fue creado por el Capítulo II de la Ley 3583. Está destinado a reforzar el sistema provincial de asistencia alimentaria y social de grupos vulnerables: son unas 23 mil familias (de ellas, unas 10 mil en situación de indigencia). También, entre otros, el fondo se reforzará con el aumento de ingresos brutos del 9,1% al 15,47% de los bancos (también por cuatro meses), que ha generado resistencia del Banco Nación y otras entidades.
El gobernador Sergio Ziliotto estableció recientemente por decreto que pagarán el 10% de su salario todos los funcionarios del Ejecutivo, entre septiembre y diciembre. Además, invitó al Poder Judicial, al Poder Legislativo, las intendencias y otros organismos a sumarse a la medida.
Ya lo hicieron la Justicia, la Cámara de Diputados y el Tribunal de Cuentas. Se espera que ahora empiecen a plegarse también las intendencias y concejos deliberantes: hay ahí entre 300 y 400 funcionarios (solo en Santa Rosa son casi un centenar).
El mayor debate se da en la Justicia. Ayer, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió que los funcionarios judiciales se sumarán al aporte solidario y contribuirán obligatoriamente con un 10 por ciento del total de las remuneraciones de las escalas vigentes durante cuatro meses.
La decisión fue adoptada durante el acuerdo realizado por el presidente del STJ, José Roberto Sappa, junto a los ministros/as Eduardo Fernández Mendía, Hugo Oscar Díaz, María Verónica Campo y Fabricio Luis Losi. “El Poder Judicial tiene la responsabilidad institucional de no desentenderse de la problemática económica y social que afecte a la sociedad en cada momento histórico, acompañando el esfuerzo realizado por los demás poderes del Estado en iniciativas concretas destinadas al bien común; tal como ya hizo en oportunidades anteriores”, señaló el STJ.
La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFMPF) había comunicado su disposición a pagar, en tanto que el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de La Pampa se había negado terminantemente. Diario Textual, de acuerdo a las fuentes consultadas, pudo saber que es posible que los jueces que integren este colegio -incluso algunos no colegiados- traten ahora de resistir con una presentación judicial.
En la comisión directiva del colegio analizan los pasos a seguir. En principio, no se espera que el organismo presente una acción colectiva contra el aporte, pero es posible que asesore en las eventuales demandas o caminos judiciales a seguir.