Una multitud se concentró en Santa Rosa y General Pico, para marchar -como en Buenos Aires y las principales ciudades del país- en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar el proyecto aprobado por el Congreso. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, dirigentes de organizaciones políticas y sindicales, junto a familiares y amigos de la comunidad universitaria, dejaron un claro mensaje para que se garantice un presupuesto para mantener sueldos dignos, gastos funcionamiento, becas, y seguir con el desarrollo científico y tecnológico.
La segunda Marcha Federal Universitaria del año, con el lema “En defensa de nuestra universidad pública”, es una reedición de la masiva movilización que tuvo lugar el 23 de abril. En Santa Rosa, participaron unas 13 mil personas. Una cifra un poco superior a la anterior marcha.
Las consignas de la manifestación incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, algunos de los pilares para garantizar el acceso a la educación pública de calidad en el país.
Desde la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) resaltaron la convocatoria, en defensa de formación de ciudadanos y ciudadanas y la autonomía universitaria. “Esta movilización busca reivindicar el rol fundamental de la universidad pública en la formación de ciudadanas y ciudadanos, garantizando el acceso a la educación superior para todas las personas, al tiempo que exigir al gobierno nacional que cumpla debidamente con el financiamiento del sistema educativo universitario nacional. La marcha se realiza en el marco de la defensa de los valores democráticos y la autonomía universitaria”, dijeron en un documento.
Desde abril hasta octubre tuvieron lugar negociaciones entre las máximas autoridades de las universidades y los funcionarios del gobierno de Milei. El reclamo está trabado en el financiamiento para el funcionamiento cotidiano y la recomposición de los salarios docentes y trabajadores en general de las casas de altos estudios.
Las palabras del rector de la UNLPam
El rector de la UNLPam y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, afirmó sobre la Ley de Financiamiento Universitario que “no distorsiona la economía ni impide tener una economía estable, lo que estamos viendo es una distorsión de las prioridades” y que con decisiones como el anunciado veto presidencial “se está desarmando” nuestro sistema científico. “No queremos una economía de un Excel sino una economía política que decida justamente en qué invierte y que tenga prioridades. Queremos un país con el sueño de seguir siendo una nación, esto es lo que planteamos. El sistema universitario no está planteando nuevos gastos sino que lo que estaba el año pasado en el presupuesto sea actualizado a valores homogéneos porque cuando eso no pasa, con la inflación se está reduciendo la capacidad salarial”, explicó el rector.
“Con las decisiones que está tomando el gobierno nacional seguramente nuestros docentes van a empezar a emigrar a otras actividades y esto después no se recupera, lleva diez años o más. Eso es lo que estamos advirtiendo ahora y esto es lo que sabe nuestra comunidad y nuestra sociedad”, dijo.
La ley de financiamiento
El viernes 13 de septiembre, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó en la madrugada la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Javier Milei ya avisó que vetará, lo que en los últimos días generó una gran polémica en la comunidad universitaria, que convocó a una marcha multitudinaria para este miércoles.
La ley aprobada prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 que fue prorrogado por el Gobierno de Javier Milei, según la inflación acumulada ese año que fue del 211 % y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Costo
La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La ley aprobada también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
En la ley se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) durante ese período.
Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec.
Salarios
De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023.
Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía $132.035,51, y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de $232.531,90.
Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71%.
Según lo aprobado la inyección de fondos se deberá distribuir en función del número de estudiantes que ingresan, los alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.
El Observatorio Universitario de Economía (Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam) elaboró un informe titulado “Crisis en el sistema universitario nacional: Deterioro presupuestario, salarial y el futuro incierto de la universidad pública”. Uno de los datos más impactantes es que los docentes ganan menos que las empleadas de casas particulares.
Cuánto dinero asignó el Gobierno
Según consta en el Proyecto de Presupuesto 2025, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.
La diferencia entre el presupuesto proyectado por el Gobierno y el diseñado por los rectores es enorme: de unos $3,4 billones.
Desde el Gobierno sostienen que los 3,4 billones de pesos de diferencia son infinanciables. La mayor diferencia aparece en el rubro que los rectores llamaron “Incrementos de recomposición salarial diciembre 2023”. Allí, el CIN fijó una asignación de partidas de 1,7 billones de pesos. Ese rubro no aparece así nombrado en la proyección oficial.
En los ítems “Educación y Cultura” y “Salud”, los números son similares, al menos en el detalle. Sin embargo, al agregarle los incrementos de inflación y recomposición salarial, mientras que el presupuesto oficial llega a un subtotal de $3,7 billones (la parte central del presupuesto), a las autoridades del CIN les da $5,8 billones.
Otra diferencia se explica porque el presupuesto de los rectores desarrolla un apartado de otros gastos en salud, educación, ciencia y técnica, y consolidaciones de distintas áreas y programas, que suman unos $4159 millones.