La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó el 30 de noviembre de 2020, por mayoría con el voto del oficialismo y aliados, la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que, entre otros puntos, establece una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros. En su momento, la distancia de la veda de pulverización fue uno de los puntos que más cuestionaron desde los bloques legislativos opositores: pidieron acortar esos metros, a tono con el reclamo de las asociaciones de productores agropecuarios. La norma finalmente fue aprobada, pero, cuando han pasado ya casi cuatro años, todavía no fue reglamentada, por lo que no entró en plena vigencia.
Sin embargo, según alertaron dirigentes ruralistas y aplicadores, les llegó el dato que sería inminente la reglamentación. “Nosotros teníamos una ley anterior de agroquímicos, que era muy sabia. Fue la primera del país junto de la de Santa Fe en la década de 1970, pero ya necesitaba una actualización. Fue así que la gestión anterior creó una comisión integrada por miembros del gobierno, instituciones técnicas y hasta el INTA, que trabajó duramente en un documento. Con el cambio de gobierno eso fue tirado a la basura”, dijo el agrónomo e integrante de la Asociación de Profesionales Agropecuarios de La Pampa (APALP), Carlos Portu, en una charla con Bichos de Campo.
Eso hizo que, en 2020, ya durante la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, se aprobara la nueva Ley 3288, para muchos “mal llamada de plaguicidas” por incluir también la gestión de fertilizantes.
“El gobierno de La Pampa increíblemente tiene un tinte conflictivo con el sector agropecuario. Esto se manifestó ya hace un par de años cuando, en plena campaña de soja, se prohibió la compra de agroquímicos en toda la provincia, y los productores nos quedamos sin poder controlar la chinche en soja. Tuvimos que ir a comprar productos a provincias vecinas”, relató Portu. Lo que no dijo Portu es que la Fundación Campo Limpio no estaba construyendo los centros de acopios de agroquímicos y la situación era un verdadero descontrol por la contaminación que generaban los bidones.
Qué dijo el Gobierno
La ley fue elaborada por el Gobierno provincial. Según se dijo en su momento, busca “armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano y equilibrado” en La Pampa.
El Ejecutivo admitió que “impactará” en las prácticas en los campos, dijo que pese a las mayores restricciones no habrá caídas de rindes de cosechas y aseguró que, así, se “cuidará mejor” el medio ambiente y la salud de los productores rurales y de los habitantes de los pueblos.
“Fanático”
“El documento fue un corte y pegue de un fanático, que no ponía el centro en lo importante porque más de la mitad de la ley se ocupa del manejo de envases vacíos. Es una ley tendencial y mamarracho, que a pesar de que se elaboró un documento técnico que se le presentó a los legisladores no se cambió ni en una coma”, sostuvo el agrónomo.
Lo llamativo es que, si bien el texto de la norma estipulaba un plazo de 120 días para su reglamentación, desde entonces pasaron cuatro años y nunca se concretó.
Eso es lo que el gobierno provincial pretende cambiar ahora. Fue durante la última edición de la Exposición Rural de General Pico que autoridades locales anunciaron la puesta en marcha de la reglamentación, con un documento no visto por los productores.
“Se trabajó en absoluto silencio, sin consultas. Sin embargo, ante la presión por los dichos oficiales se convocó a un consejo consultor previsto por la ley y se logró obtener el borrador, que rápidamente se viralizó. Ahí nos dimos cuenta de que redoblaron la apuesta y hay una gran preocupación en todo el sector porque lo que se pretende es una avanzada del Estado en todo sentido”, afirmó Portu.
Entre los puntos que los productores denuncian como más conflictivos, se destaca la obligatoriedad de todos los actores a inscribirse en registros, sobre los cuales se cobrarán tasas de inscripción; la necesidad de presentar recetas de compra para obtener productos, que deben ser archivadas por cinco años y que pueden ser consultados por las autoridades en cualquier momento; la obligatoriedad de contar con un asesor técnico, de declarar los productores que se adquieras fuera de la provincia, de georreferenciar todos los lotes previo a la aplicación; y de verificar todos los equipos de forma anual.
Respecto de la compra de insumos fuera de la provincia, se destaca la aclaración que obliga a los asesores a informar de esta situación, y a realizar un “diagnóstico previo a la aplicación”.
Otro punto llamativo es que, con esta normativa, ya no solo deberán entregarse en los Centros de Acopio Transitorio (CTA) los bidones de fitosanitarios, sino también el plástico o papel correspondiente a la etiqueta, la tapa del envase, el aluminio o material que se emplee para su sellado, y todo lo correspondiente a su embalaje.
A eso se sumará que su almacenamiento temporal por parte del usuario o aplicador en el campo, antes de su envío al CAT, deberá ser obligatoriamente bajo techo.