El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas para facilitar el “saneamiento” de las deudas provinciales, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires, no genera entusiasmo en los gobernadores. En La Pampa, por lo pronto, hay extrema cautela, si bien fue “celebrada” la convocatoria nacional.
La Pampa, según dijo el ministro Guido Bisterfeld, pretendería que Nación arme un plan de pagos u ofrezca bonos para pagar los 70 mil millones de pesos (que se adeudan hasta ahora). Sin embargo, en el ámbito político descuentan que los funcionarios provinciales van a chocar con una cerrada negativa: Casa Rosada no quiere emitir deuda y solo ofrecería bienes para pagar la deuda -como tierras, edificios o rutas-. El dato ya fue ventilado, en off de récord, por funcionarios nacionales a medios porteños. “Es esto o no hay plata”, deslizaron, por ejemplo, fuentes oficiales en Balcarce 50 al diario BAE.
En ese sentido, las provincias que no mantengan deudas con la Nación y no quieran incorporarse al régimen deberán acudir a la Justicia para demandar el dinero. Eso va en línea con el reclamo de las deudas de las 13 cajas previsionales que, según le dijeron a BAE fuentes de Casa Rosada, el Ejecutivo se para firme en que “es imposible de resolver” en el corto plazo.
Siguiendo esa posición, Nación pretendería que La Pampa se cobre la deuda por las cajas jubilatorias y las obras públicas adeudadas -que suman ya 70 mil millones de pesos en lo que va de 2024- con el traspaso de las rutas nacionales, edificios y terrenos. En principio, como ya publicó Diario Textual días atrás, hay que tener en cuenta que aceptar las rutas nacionales sería hacerse cargo de un enorme pasivo (que incluso estaría fuera del presupuesto pampeano para ponerlas en condiciones).
Una de las particularidades del Gobierno de Sergio Ziliotto es que, a diferencia del resto de las provincias, no tiene deudas con Nación.
Según comunicó el Gobierno nacional, el trabajo de conciliación de la deuda se llevará a cabo entre el Ministerio de Economía y sus pares provinciales. El plazo para acogerse al régimen son 30 días hábiles administrativos y 60 días para presentar la documentación que legitime la deuda. El trámite no es obligatorio.
Los distritos tendrán la posibilidad de incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.