El concejal santarroseño de la Unión Cívica Radical, Diego Camargo, anticipó a Radio Textual (LU 33) que el bloque está analizando ir a la Justicia contra la resolución 875/2024 del intendente Luciano Di Nápoli mediante la cual reglamentó la Ordenanza 6974/2023 para implementar las fotomultas y los controles de velocidad con radares en la ciudad. “Está avasallando facultades del concejo deliberante y hay que ponerle un freno”, dijo.
Camargo explicó que para poder aplicar las sanciones de fotomultas y radares de velocidad hay que modificar el Código de Faltas, algo que es facultad del concejo deliberante, no del intendente.
“En la resolución que sacó di Nápoli enmascaró la reglamentación de la ordenanza: lo autorizó a firmar un convenio con la Fundación Saber Cómo, que se lleva el 50% de la recaudación (de las multas) supuestamente por haber instalado en forma gratuita los dispositivos de fotomultas y, además, estableció los requisitos del acta de infracción, el procedimiento de notificación electrónica, la base de datos de la fundación, que aparentemente es la base de datos del registro automotor, y estableció plazos de descargo y pago voluntario. Todas estas cuestiones son procedimentales y tienen que estar en el Código de Faltas, no pueden estar en la resolución”, aclaró.
“Mi olfato dice que esto termina en la Justicia. Este olfato tiene que ver ocn la actitud del intendente en los últimos tiempos, de no retroceder ni aceptar los errores”, dijo Camargo.
Una ordenanza de 2023
La Ordenanza 6974 fue aprobada en 2023 para la implementación de fotomultas y sistemas de control de velocidad con radares en la ciudad de Santa Rosa. El intendente la reglamentó mediante la resolución Nº 875/2024 luego de que los concejales del peronismo, en sesión especial, retiraron un proyecto de las notificaciones electrónicas de las fotomultas que había provocado que la oposición no diera quorum para su tratamiento.
Los opositores pretendían que las notificaciones se hicieran por escrito, al domicilio del vecino o vecina.
La reglamentación
En la reglamentación, el municipio estableció que “las infracciones detectadas por cámaras y radares instalados en el ejido urbano serán procesadas a través del Juzgado de Faltas por el Sistema Administrativo de Infracciones de Tránsito (SAIJ), que permitirá a los futuros infractores, pagar, realizar descargos, cargar denuncias de venta entre otras funcionalidades”.
“Las actas de infracción se enviarán al domicilio electrónico de los futuros infractores, según la base de datos de la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRA)”, precisó la resolución.
En caso de que el infractor no cuente con domicilio electrónico, la notificación será remitida al domicilio real del titular del vehículo. Los infractores tendrán un plazo de 30 días para el pago de multas o realizar su descargo.
La instalación de los radares y cámaras se realizó en base al relevamiento de puntos críticos que, según datos estadísticos e informes sobre las calles santarroseñas, avenidas e intersecciones presentaban focos de mayor siniestralidad.
Según el municipio, la incorporación de esta tecnología, sumada a los operativos permanentes, aportará a la disminución de los siniestros viales y comenzará a dar respuesta a una demanda social apremiante y urgente.
La segunda presentación judicial
Si la UCR acude a la Justicia contra la resolución que reglamentó la ordenanza de las fotomultas y los radares será la segunda presentación judicial ya que la semana pasada los concejales y concejalas del radicalismo y el PRO presentaron una demanda por inconstitucionalidad, junto a una medida cautelar, para intentar frenar la exigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Rosa, que rige desde el 1 de octubre.
Dijeron que “es inconstitucional, totalmente ilegal”, porque la municipalidad invadió potestades de la Provincia, establecidas en la Constitución provincial. Es decir, según sus interpretaciones, la RTO solo puede establecerse por el Gobierno provincial.