En una semana enmarcada por la escalada del conflicto entre el Gobierno y el sector aeronáutico, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a las negociaciones que las autoridades están entablando con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas por el futuro de la empresa y ratificó que, si no aceptan su privatización, están decididos a cerrarla.
El funcionario lo aseguró este sábado en diálogo con Radio Mitre, donde también dio detalles de la reunión realizada en las últimas horas con los representantes de la compañía aérea, un encuentro que calificó como “positivo”. No obstante, remarcó que, desde la administración libertaria, dejaron fijada su posición con claridad y advirtieron que “de ninguna manera la situación va a continuar como estaba” en la empresa.
“Se planteó la necesidad de cambiar los convenios colectivos con todos los beneficios que tienen en Aerolíneas Argentinas. Yo creo que hay un avance, hay que ver ahora la reunión definitiva”, dijo en espera de una respuesta de los empleados de Aerolíneas.
A continuación, subrayó la intención del Ejecutivo. “El Gobierno -dijo- está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo: la privatización o, si los empleados quieren, le entregamos la compañía a los trabajadores y que lo resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Si el Congreso no hace la privatización, el presidente ha sido muy preciso también en esto: vamos a terminar con la compañía, con Aerolíneas Argentinas”.
Francos alegó que las autoridades no ven aceptable que la mayoría de los argentinos que no usan el servicio de la compañía estén subsidiando a una pequeña parte de la población que sí la utiliza. En números, dijo que se trata de solo un 2% que viaja en sus vuelos.
“Estamos convenidos que no es razonable subsidiar 700 millones de dólares como el año último a una compañía para que haga su trabajo, que es volar, cobrar sus pasajes y avanzar con esos ingresos”, remarcó.
En las últimas horas, el Gobierno les exigió a los gremios del sector que presenten un programa para que la compañía funcione sin conflictos o de lo contrario, el Poder Ejecutivo pedirá que entre en un Plan Preventivo de Crisis, que derivará en su cierre definitivo.