El gobernador Sergio Ziliotto dijo este jueves que la Ley de Plaguicidas “está vigente y se está aplicando” en La Pampa y expresó que el objetivo del Gobierno es “que se produzca responsablemente”, por lo que se intentará avanzar en su reglamentación. “Como gobernador, lo que tengo que hacer es compatibilizar objetivos para sostener la producción, el ambiente y la salud. En este caso, los sectores del campo están defendiendo uno de esos objetivos, producir. En ese marco vamos a seguir trabajando para hacer la mejor reglamentación posible”, dijo el mandatario a la prensa.
“La ley está vigente, la ley rige, se está aplicando y hay productores trabajando en el marco de esa ley. Hay muchos municipios que están trabajando con la provincia para la aplicación de la ley. Quiere decir, por consiguiente, que no es que no queremos que produzcan. Y esto es algo que se está dando en el territorio nacional y en el mundo. Ahora, si realmente vamos a subirnos a un esquema donde vamos a desconocer el cambio climático o vamos a desconocer, como único país en el mundo, dentro de los países importantes, la agenda 2030, de que tiene que haber claramente un equilibrio entre la producción y el ambiente… Siempre respetando al otro, en ese camino vamos a trabajar. Nosotros queremos que se produzca responsablemente”, remarcó.
“Claramente tiene que haber un equilibrio entre la producción y el ambiente, pero siempre respetando al otro. En La Pampa no está prohibido producir, sino que, insisto, se haga responsablemente”, dijo el gobernador.
De esa manera, Ziliotto respondió a dirigentes ruralistas que cuestionan la ley y que días atrás se retiraron abruptamente de una reunión del consejo consultivo que busca acordar la reglamentación. En ese encuentro estaba la ministra de la Producción, Fernanda González.
La Ley Integral de Plaguicidas se aprobó el 30 de noviembre de 2020, pero aún no se reglamentó. Busca controlar el uso de agroquímicos en toda la provincia, fundamentalmente en el área periurbana.
Establece, entre otros puntos, la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros.
Los productores rurales y las cámaras de aplicadores pidieron derogar la norma porque, según sostuvieron, “perjudica” y “burocratiza” a la producción y “criminaliza” a los ruralistas.
Plantearon, entre otros puntos, que previo a una aplicación todos los actores involucrados deberán inscribirse en diversos registros, será obligatorio presentar un diagnóstico previo, hacer recetas de compra y de aplicación, y efectuar un cierre de dicha tarea. Además, otorga la facultad al Estado, a través de las autoridades de aplicación, de ingresar a las propiedades privadas de los productores.
El Gobierno nacional intentó meterse en la puja. La vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, María Beatriz Giraudo, tenía previsto llegar este miércoles a La Pampa para firmar un convenio y aprovechar su estadía en la provincia para intentar reunirse con la ministra de la Producción Fernanda González, pero nunca pidió audiencia.
La semana pasada, en declaraciones a Diario Textual, la ministra González dijo que le “sorprendió” la actitud de los productores rurales que pegaron el portazo y ratificó la intención de “consensuar” y “armonizar intereses” para que salga el decreto con la reglamentación. De esta manera, confirmó que no está en los planes de Casa de Gobierno impulsar la derogación de la ley en la Legislatura para arrancar de cero con el debate.
La ley generaría un perjuicio económico a los productores rurales de casi 53.000 millones de pesos solo a partir de la prohibición de la aplicación de fitosanitarios a menos de 500 metros de las zonas urbanas, según indica un estudio realizado por la Mesa del Agro de La Pampa y el ingeniero agrónomo especialista en imágenes satelitales Alejandro Luz.
En tanto, si a esa restricción se le suma la correspondiente a aplicaciones aéreas, que no permite esa práctica a una distancia inferior a 3000 metros de las localidades ni sobre cursos o cuerpos de agua, las pérdidas de facturación por merma productiva ascenderían a más 276.000 millones, de acuerdo al mismo trabajo.