El Gobierno nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial una serie de decretos para garantizar, según aseguró, la transparencia en el uso de los recursos públicos. Es por eso que de ahora en más las universidades públicas deberán informar sus gastos, contrataciones y contabilidad a través de los portales COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF. Además, idearon un DNU para eliminar las contrataciones interadministrativas o con personas jurídicas o físicas que estén inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
Con respecto a las contrataciones, habrá impacto en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). La casa de estudios regularmente hace contratos en forma directa con, por ejemplo, el Ejecutivo provincial, pero con los cambios todo el proceso deberá pasar por el filtro de una licitación.
El objetivo de estas medidas no interferirá en las decisiones autónomas de las universidades públicas, según el Ejecutivo. “Es para mejorar la rendición de cuentas”, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes explicaron los detalles de los cambios en una rueda de prensa.
En la redacción de estos decretos estuvieron presentes el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Transformación del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
El primer decreto obliga a las universidades a que opten por COMPR.AR Y CONTRAT.AR. Hay 35 que ya los utilizan, pero otras no, lo que complica la rendición de cuentas. El segundo decreto, por su parte, determina que las casas de altos estudios dejen de usar el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) y lo reemplacen por Sistema e-SIDIF. Esto permitirá que los gastos, transferencias y pagos tengan el mismo seguimiento que tienen los demás fondos públicos.
“El SIU tiene un retardo en la información. Una compra la vemos un tiempo después de que ocurrió. Con el e-SIDIF la idea es que se pueda ver de manera online y sincronizada cuando se va ejecutando el presupuesto de cada uno”, dijo Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
El tercer decreto es un DNU que impone restricciones en las contrataciones directas e interadministrativas, es decir, contratos entre reparticiones públicas y universidades.
El cuarto decreto es el que reglamentará este último DNU, para adecuar los cambios que sean necesarios.
A partir de la publicación de estos documentos, las universidades públicas comenzarán a implementar gradualmente los nuevos sistemas, según las disposiciones de la Oficina de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda.
“Estamos eliminando -dijo el viceministro Fariña- la posibilidad de que haya convenios interadministrativos con universidades. Para que tomen la dimensión del tamaño de esto, con la SIGEN hicimos una auditoría respecto a los últimos dos años -2022 y 2023- y encontramos más de 2.400 convenios entre el Estado nacional y diferentes universidades de todo el país”, explicó Fariña.
“Lamentablemente, a lo largo de la historia, se han utilizado esos convenios de formas incorrectas, con marcos que daban poca transparencia, organismos que hacían contrataciones por montos muy grandes con universidades, en las cuales no había un fin concreto, no se entendía claramente, cuál era el servicio que se estaba brindando, en algunos casos se ha llegado a hacer contrataciones de personal mediante este tipo de convenios”, expresó.
“Queremos brindar la mayor transparencia en el funcionamiento de la administración pública. Esto no implica que se pueda hacer una contratación en una universidad. No lo prohíbe, pero lo único que establecemos que tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa”, agregó el secretario de Transformación del Estado.
“Si un Estado o un organismo necesita hacer una consultoría específica sobre algún tema en particular, tendrá que ir a una licitación pública, se podrán presentar empresas privadas, se podrá presentar una universidad pública, se puede presentar una universidad privada y, en base a los criterios de los pliegos, se elegirá al mejor postor, pero que no exista la posibilidad de un camino indirecto, de un camino poco transparente, de directamente hacer un convenio interadministrativo con una universidad pública que permite una vía de gastos de dinero poco transparente”, sostuvo.