El senador nacional Daniel Bensusán (peronismo, La Pampa) salió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei por sostener en el cargo a Andrés Vázquez, el nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), quien tiene empresas fantasmas en paraísos fiscales. “Milei puso a controlar a los evasores, a una persona con empresas fantasmas en paraísos fiscales. Mientras incumple su promesa electoral de eliminar impuestos, el presidente Milei mantiene en su cargo a la máxima autoridad impositiva del país, Andrés Vázquez, quien compró propiedades en Miami, con dinero proveniente de empresas fantasmas”, dijo Bensusán.
“Los productores agropecuarios tienen que pagar retenciones, a la clase media y a las PyMEs no se les eliminó ningún impuesto mientras los amigos de Milei tienen la suya afuera libre de impuestos”, expresó.
“Los impuestos son sólo para los jubilados y los sectores más humildes, personas que soportan todo el peso del ajuste brutal de este gobierno”, finalizó el legislador.
Según publicó La Nación, Vázquez compró, a través de sociedades del exterior, tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó (ni las sociedades, ni los inmuebles) en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Vázquez, principal responsable de la lucha contra la evasión fiscal, administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió–, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esas compañías continúan activas.
Abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami.
Si se hubiera desprendido de esos activos no está consignado en ninguno de los registros oficiales donde debería figurar.
Según explica el artículo, firmado por Hugo Alconada Mon, los funcionarios del nivel de Vázquez están obligados por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público.
No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.
