Familias autoconvocadas del barrio Lowo Che radicaron una denuncia penal contra el municipio toayense ante la falta de respuestas a los reclamos de remoción de una antena de telefonía ubicada en Chuña y Loica Pampeana que, según los vecinos y vecinas, fue “instalada ilegalmente y atenta contra la salud de las familias” que viven en cercanías,
En el escrito presentado en la Justicia los vecinos recordaron que hace tres años vienen solicitándole al municipio que tome medidas para retirar torre de telefonía. “El Ejecutivo municipal está incurso en el delito previsto y tipificado en el artículo 248 del Código Penal ‘Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos’ porque no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Esas leyes son sus propias ordenanzas que establecen que las antenas mayores a 25 metros (esta tiene 35 metros) deben ser instaladas por fuera del ejido urbano”, explicaron.
“El municipio sabe que la antena es ilegal por no contar con autorización municipal para ser instalada y así y todo no actúa. A raíz de múltiples reclamos que hiciéramos familias del barrio Lowo Che, el municipio remitió dos cartas documento a Telefónica Móviles S.A. para que exhiba la documentación que tuviere en su poder que acreditara, en su caso, la autorización para instalar la antena, todo bajo apercibimiento de remoción. Telefónica no acreditó (obviamente porque no tiene ni cuenta con la habilitación municipal) estar autorizada y el municipio no cumplió con su apercibimiento, que era la remoción de la antena”, advirtieron.
“La estructura soporte de la antena es competencia municipal. Más allá de las autorizaciones que pueda tener la empresa del Enacom, ellas no se refieren a la estructura soporte por cuanto ello no es competencia del organismo. Este tiene competencia para otorgar las habilitaciones relacionadas con las emisiones de la antena pero no con lo que tiene que ver con la obra civil de empotramiento de la estructura soporte, ello es resorte exclusivo de la municipalidad”, aseveraron.
Recordaron que a través de la Banca del Vecino, las familias del barrio consiguieron ingresar al concejo deliberante y que se apruebe por unanimidad un proyecto de resolución que recomendó al Ejecutivo toayense proceder a la remoción de la antena. Pero hasta el día de la fecha la situación sigue igual.
“También es ilegal la antena por cuanto no cuenta con el informe de impacto ambiental emitido por la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. La empresa nunca inició ningún expediente en la provincia para poder obtener el apto ambiental. El intendente permite el funcionamiento de una antena que es ilegal, poniendo en riesgo la salud y la vida de nuestras familias”, cerraron.
