El fuerte aumento de la tasa de seguridad e higiene que el municipio santarroseño aplicó a las estaciones de servicio de Santa Rosa podría terminar en la Justicia, según avisaron los propios estacioneros. “Creo que estamos en el camino de la judicialización”, dijo el integrante de la Cámara de Expendedores de La Pampa, Roberto Martínez.
El conflicto entre los propietarios de estaciones de servicio y la intendencia comandada por Luciano di Nápoli se veía venir y ya había sido anticipado por Diario Textual en septiembre de este año. Y estalló cuando la comuna comenzó a aplicar un fuerte aumento al tributo que hasta ahora en promedio era de unos $65.000 y pasó a ser de $6 millones al mes. Los estacioneros, a modo de protesta, dejaron de pagar y el municipio ahora comenzó a intimarlos.
El aumento radicó en la modificación en la forma de calcular la tasa que tienen que abonar: antes se hacía sobre la superficie ocupada y ahora es en base a los ingresos brutos, lo que disparó notablemente los montos.
El tema se nacionalizó luego de que el viernes último la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) emitiera un comunicado cuestionando el “aumento desmedido” de la tasa.
Roberto Martínez, de la cámara pampeana que nuclea a los expendedores de combustibles, dijo al diario Ambito Financiero que los empresarios estaban hasta hace unos días en negociaciones con concejales y autoridades del municipio para evitar que la tasa se cobre de una manera diferente. Pero explicó que este jueves comenzaron a recibir intimaciones del municipio que reclama el pago. “Creo que estamos en el camino de la judicialización”, avisó.
El empresario pampeano expuso que el incremento del costo del impuesto es tan alto que para una estación de servicio que vende 500.000 litros mensuales le significa el costo de cuatro o cinco empleados. De manera que es previsible que para evitar el cierre algunas estaciones tengan que despedir personal si no logran revertir la medida.
