La investigación judicial por presunta instigación al suicidio de Antonella Villalba, la joven que se quitó la vida el pasado 8 de diciembre en una casa que ocupaba en Toay, avanza. Según pudo saber Diario Textual de fuentes judiciales, se está a la espera de los resultados de la apertura de dos teléfonos celulares que se hallaron en la casa de la mujer para definir los pasos a seguir.
Hasta el momento hay dos investigaciones por el caso Antonella: una administrativa, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para dilucidar presuntas deficiencias en el abordaje de la situación de la joven que podrían constituir irregularidad o ilícito por parte de funcionarios provinciales; y otra judicial por presunta instigación al suicidio.
La investigación judicial está a cargo de los fiscales Andrés Torino y Walter Martos, de la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas y de delitos que impliquen violencia familiar y de Género, respectivamente.
El delito de instigación al suicidio es regulado por el Código Penal argentino. El artículo 83 establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado”.
Según la ley, instigar al suicidio es determinar directamente a otro a suicidarse. Es inducir o persuadir a alguien a que se suicide. La instigación debe ser dolosa; el instigador debe actuar con la intención de crear o aumentar en el suicida, la voluntad de matarse.
Según confiaron fuentes judiciales a Diario Textual, los fiscales Torino y Martos están a la espera de los resultados que arrojen las pericias a dos teléfonos celulares que se secuestraron en la casa que habitaba Antonella. Quieren analizar la información en ambos dispositivos y en base a eso tomar una resolución o solicitar otras diligencias.
Investigación administrativa
Mientras la investigación judicial avanza, la FIA, a instancias de una denuncia de la Asamblea Autoconvocada, inició una investigación administrativa a cargo de la fiscala adjunta, Gabriela Tabernero.
Los apuntados en la denuncia fueron el intendente de Toay, Ariel Rojas; la directora de Acción Social de Toay, Andrea Arteaga; el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca; el director de Niñez y Adolescencia de La Pampa, Rodrigo Lofvall; el ministro de Salud, Mario Kohan; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá.
La FIA no tiene competencia para investigar las responsabilidades de los funcionarios de la municipalidad de Toay. Puede intervenir solo en el ámbito provincial. Por lo pronto, ya se mandaron oficios con pedidos de informe a distintos ministerios para determinar “qué sucedió y si hay o no responsabilidades“ de reparticiones provinciales. Esas solicitudes fueron enviadas a la Defensoría de Niñez y Adolescencia, y a los ministerios de Desarrollo Social y de Salud.
Una madre y dos hijos en situación de vulnerabilidad social
Antonella tenía 26 años y murió ahorcada en una vivienda de la calle Urquiza al 300, en Toay. Era madre de dos niños de 3 y 5 años. En junio había ocupado, junto a otra chica, dos casas dado que su estado de vulnerabilidad social no le permitía costearse un alquiler.
La Asamblea Autoconvocada, en la denuncia que presentó en la FIA, sostuvo que hubo abandono de persona y que criminalizaron y estigmatizaron a Antonella poniéndole un patrullero durante meses en la puerta de la casa que habitaba y hostigándola para que la deje. Esta situación, afirmaron los denunciantes, se podría haber evitado con acciones adecuadas del Estado.
