Soy Alejandro Agustín Flatt, médico veterinario, docente, padre y ciudadano de Guatraché, La Pampa. Desde mi separación en abril de 2023, he sido víctima de una serie de acciones malintencionadas que buscan no solo apartarme de mis hijos, sino también despojarme de mis bienes, mi dignidad y mi honor. Estas acciones, amparadas por una justicia lenta y sesgada, exponen una preocupante desigualdad de trato en el sistema judicial y social, especialmente contra los hombres en situaciones de conflicto familiar.
La problemática de las falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual es una realidad alarmante que, lejos de contribuir a la protección de las verdaderas víctimas, distorsiona el propósito del sistema judicial. En mi caso, estas denuncias han sido utilizadas como una herramienta para perseguir objetivos económicos y de poder. Fui acusado injustamente de los peores delitos, lo que no solo ha dañado mi reputación y mi honor, sino que también ha puesto en juego el bienestar emocional de mis hijos.
Detrás de estas denuncias no hay hechos reales, sino una trama de manipulación cuidadosamente diseñada. Mis hijos, de 12, 10 y 4 años, han sido coaccionados y coercionados para repetir mentiras en mi contra, convirtiéndose en víctimas de una manipulación psicologica cruel y profundamente dañina. Estas acciones no solo me afectan a mí como padre, sino que privan a los niños de la posibilidad de mantener un vínculo saludable y amoroso conmigo, algo esencial para su desarrollo.
Las trabajadoras sociales involucradas en este caso, quienes tenían la responsabilidad de proteger a mis hijos, han actuado con una alarmante desidia. No solo ignoraron el entorno hostil en el que se encuentran mis hijos, sino que permitieron que fueran expuestos a un conflicto de lealtades que supone vivir en una relación unilateral y bajo la influencia de un discurso malintencionado promovido por la actual pareja de la madre. Este entorno ha generado en mis hijos una confusión emocional y un estrés innecesario, que pudo haberse evitado con una intervención profesional adecuada y oportuna.
Es importante señalar que estas denuncias no surgieron de manera espontánea. Mi ex pareja actuó haciendo esas falsas denuncias bajo el asesoramiento de un abogado de Santa Rosa, el mismo que, aduciendo motivos de ideología de género, también le inició un juicio a la Municipalidad de Guatraché, y de su actual pareja, quien cuenta con el asesoramiento de un hermano abogado en Tandil. El objetivo detrás de estas acciones era claro desde el principio: quedarse con mis bienes y mi propiedad, sin importar los métodos utilizados ni el daño que causaran en el camino.
Los actos criminales en mi contra no se limitaron a las denuncias falsas. En un incendio intencional ocurrido en mi propiedad, se destruyó un viejo vehículo de su propiedad que ya sufria desperfectos, quemando mi garaje y todas miss pertenencias que se encontraban allí, como herramientas de trabajo, materiales de construcción y otros objetos esenciales para mi vida laboral y personal. Este incendio fue planificado para cobrar un seguro y, nuevamente, culparme falsamente.
Por si fuera poco, tras la separación, también se procedió a la venta ilegal de una gran cantidad de mis bienes. Entre ellos se incluyen muebles, dos motocicletas, insumos para automotores y una casilla rodante totalmente equipada para seis personas. Este bien, que contaba con mejoras como frenos eléctricos, heladera, vajilla completa, insumos comestibles, reposeras y juegos, fue vendido a una persona de la localidad de 30 de Agosto sin mi consentimiento. Estas acciones no solo significan un despojo material, sino también una vulneración a mi esfuerzo y dedicación.
La problemática de las falsas denuncias de género y abuso no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también implica un mal uso de los recursos del Estado. Los recursos que deberían destinarse a investigar y proteger a las verdaderas víctimas se dilapidan en la persecución de hechos falsos, desviando la atención y los esfuerzos del sistema judicial y policial. Esto no solo genera un desgaste innecesario de las instituciones, sino que también resiente la salud y el bienestar de los denunciados falsamente, quienes deben soportar una carga emocional, económica y social inmensa mientras intentan demostrar su inocencia, y mucho más si hay niños de por medio, como en este caso.
El sesgo de género evidente en las instituciones judiciales me coloca en una posición de desventaja, tratándome como culpable desde el primer momento, sin una investigación profunda ni imparcial. Este contexto refleja una falla estructural de las instituciones encargadas de proteger a los menores. Los organismos de atención a la víctima y de protección de derechos han fracasado en su deber de actuar frente a un entorno familiar claramente perjudicial para mis hijos. La falta de intervención adecuada ha permitido que los niños sufran no solo el daño emocional causado por la manipulación, sino también la carga del conflicto de lealtades, un peso que jamás deberían llevar.
La manipulación alienante y las falsas denuncias son formas de violencia que deben ser reconocidas y enfrentadas por el sistema judicial y la sociedad. No se trata de un conflicto aislado, sino de una problemática que trasciende mi caso y afecta a muchos padres que, como yo, solo buscan mantener una relación sana y amorosa con sus hijos.
Hago pública esta situación no para pedir compasión, sino para visibilizar el grado de injusticia que atravieso y alertar sobre el impacto de estas prácticas en el sistema judicial, los recursos del Estado y la vida de las personas involucradas. Es imprescindible que se realicen investigaciones objetivas y que las instituciones actúen con equidad para garantizar que las verdaderas víctimas sean protegidas, sin permitir que se use la justicia como un arma para la manipulación y el despojo. Atentamente,
Alejandro Agustín Flatt
Médico Veterinario y Docente
