El juez federal Ariel Lijo, elegido por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, le ordenó al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, resguardar los sitios de Memoria de los excentros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
“Requiérase a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria que funcionan en los ex CCDT (centros de detención y tortura) ‘Olimpo’, ‘Club Atlético’, ‘Automotores Orletti’ y ‘Virrey Cevallos’ permanezcan en funcionamiento”, sostuvo Lijo en la orden judicial.
Lijo pidió que se mantengan “las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria -necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”. Asimismo, ordenó tareas de fumigación para que se “preserven los acervos y archivos que se han generado a la fecha y que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”.
De esta manera, la resolución judicial hizo lugar al requerimiento de la diputada porteña de Unión por la Patria y presidenta de la comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro, quien había solicitado la protección de los sitios y rechazado los despidos del personal de la secretaría de Derechos Humanos nacional. Por esas mismas razones, la legisladora también presentó denuncia penal contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
