Con una mayoría absoluta de 144 votos, Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que activa la Ficha Limpia, que modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública -entre otros-, como es el caso de Cristina Kirchner. El texto ahora pasó al Senado.
El nervio central de la ley apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
El peronismo tenía un dictamen propio, que no se trató. Proponían que ningún candidato podía ser proscrito hasta que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo definitivo (para garantizar que las decisiones judiciales no interfieran en los procesos electorales hasta que se agoten todas las instancias legales) y, además, ampliaba la lista de delitos que podrían inhabilitar a los candidatos.
Al tratarse de una cuestión electoral, la mayoría absoluta -la mitad más uno del pleno de la Cámara baja, es decir, 129 adhesiones- llegó gracias al aporte La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, las divididas bancadas radicales -UCR y Democracia para Siempre-, silvestres provinciales y un sector de Encuentro Federal. Del último bloque fue trascendental la participación del legislador cordobés Oscar Agost Carreño, que durante horas enlazó -junto a diputados de otros espacios- el articulado final del texto, entre idas y vueltas oficialistas e insólitas disputas con los libertarios por palabras que exigían los libertarios y confundían la redacción definitiva.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”. Como se supuso desde hace años, la izquierda y el kirchnerismo votaron en contra de todo esto.
