La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una sesión clave durante este miércoles, en la que el oficialismo intentará obtener media sanción para la Ley de Ficha Limpia, una iniciativa que podría modificar las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos. El debate se encuentra polarizado entre dos grandes bloques políticos.
El eje del debate ya no gira en torno a la aprobación o rechazo del concepto de Ficha Limpia, sino en cómo será el proyecto que finalmente se enviará al Senado de la Nación: es que hasta el bloque de los peronistas de Unión por la Patria tienen un dictamen propio a favor de la iniciativa.
El debate se encuentra polarizado entre dos grandes bloques. Por un lado, La Libertad Avanza, el PRO y otros aliados del oficialismo impulsan un proyecto que, de aprobarse sin modificaciones, excluiría de la competencia electoral a candidatos con sentencias judiciales en segunda instancia (aun no firmes). Entre los puntos más controvertidos se encuentra la posibilidad de que el proyecto afecte directamente a figuras políticas de alto perfil, como Cristina Fernández de Kirchner, quien podría quedar inhabilitada para ocupar cargos electivos debido a sus antecedentes judiciales.
En contraposición, el bloque de Unión por la Patria (UP) propone un dictamen que establece que ningún candidato puede ser proscrito hasta que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo definitivo: es que, descuentan, la iniciativa de LLA y el PRO va camino a considerarse inconstitucional. Este enfoque también busca garantizar que las decisiones judiciales no interfieran en los procesos electorales hasta que se agoten todas las instancias legales.
Además, el bloque del peronismo impulsa la ampliación de la lista de delitos que podrían inhabilitar a los candidatos: por ejemplo, casos de homicidios (que no contempla el dictamen del PRO y de LLA).
Entre estas dos posturas principales, existen propuestas intermedias. La Coalición Cívica, la UCR, Innovación, Democracia y Encuentro Federal han presentado dictámenes que eliminan la “fecha límite” para las sentencias y amplían la lista de delitos que podrían inhabilitar a los candidatos.
