El Gobierno anunció la privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal a través de la cual la administración pública se encargaba del mantenimiento y construcción de rutas, autopistas y autovías nacionales que unen las provincias y al país con sus vecinos del Mercosur. Una de las rutas es la nacional 5, que une Buenos Aires con La Pampa.
El anuncio fue hecho este mediodía con una afirmación que resume el axioma a través del cual el gobierno de Javier Milei prioriza el criterio de rentabilidad y recaudación por sobre el servicio a la población. “El Estado deja su rol de constructor y administrador vial para asumir funciones de promotor y supervisiones que desarrolle el sector privado”, definió el vocero Manuel Adorni durante una conferencia en Casa Rosada.
Durante su habitual perorata, el portavoz presidencial lanzó también una pretendida chicana que vuelve como un boomerang en contra del Gobierno. “La patria contratista se terminó”, dijo utilizando una figura que en rigor hace alusión al enroque que acababa de anunciar: empresas privadas se ligarán al Estado para obtener ganancias siderales a través de la concesión o privatización de un servicio.
La privatización de Corredores Viales SA, una compañía estatal creada en 2019, tendrá tres pasos: su liquidación, disolución y entrega de servicios a compañías particulares que -en la voz de Adorni- tendrán “el derecho de exigir el cobro de un peaje” a todo aquel que circule por allí.
Las rutas nacionales por las cuales se transitaba libre y gratuitamente, perderán ese privilegio. Todo, según Adorni, bajo la sacrosanta creencia neoliberal de que “más competencia en el mercado va a implicar mejores precios”. Y, claro está, porque en la lógica del gobierno de Milei “el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de obras”.
En el caso de la ruta 5, se encuentra concesionada. De hecho, en la provincia de Buenos Aires se cobra peaje.
Corredores Viales fue una tilde incluido en la lista de privatizaciones de la mentada la Ley Bases. Pero su anuncio tardó y fue hecho sugestivamente a días de que el Ministerio de Infraestructura bonaerense y una veintena de intendentes presentaran una demanda contra esa empresa y el presidente Milei.
La acusación no fue solo por la falta de mantenimiento de rutas sino también por el presunto “desvío de fondos” que habría concretado el Gobierno a través de esa estatal. Particularmente en el corredor que atraviesa Tandil.
Adorni se encargó de desacreditar a Corredores. Dijo que “el 45 por ciento de la totalidad de la traza” que operaba esa firma “estaba en estado malo o crítico”, afirmó que “los contratos de obra estaban paralizados” e indicó que “los atrasos tarifarios (de los peajes) eran de 45 por ciento en relación a la tarifa técnica”.
Luego aseguró que la empresa tiene “una deuda con proveedores de 142 mil millones de pesos y pérdidas por acumuladas por 288 millones”.
El próximo paso tras el anuncio será el pase de lo que quede de la compañía a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que depende del Ministerio de Economía.
