Trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional viven horas de profunda angustia ante la firme posibilidad de un achique del treinta por ciento de la planta del personal, pero además se baraja un fuerte rumor sobre la fusión del organismo y hasta su presunta desaparición. Las noticias mantienen en vilo a las y los empleados que se encuentran en asamblea permanente para defender sus puestos de trabajo. El Gobierno nacional se metió de lleno con su política privatizadora en los corredores viales, entre ellos se ven salpicadas las rutas nacionales 5 y 188. La Pampa es el distrito 21, de un total del 24 en la Argentina, y con sus 150 agentes atiende más de 1.600 kilómetros de red vial.
Las privatizaciones de los caminos se suman al desfinanciamiento que vienen denunciando y padeciendo los asalariados del sector desde la asunción del presidente Javier Milei. Para el secretario general de los Trabajadores Viales, Fabricio Cabral, se están materializando una serie de medidas que tienen muy preocupados y bastante desconcertados a los empleados porque el Administrador General (Marcelo Campoy) lo único que muestra es incertidumbre, como si él mismo no supiera qué es lo que va a suceder.
El dirigente aclaró en diálogo con Diario Textual que la ruta nacional 5, por lo general, siempre estuvo privatizada y hasta recordó que hace más de veinte años que ese tramo está concesionado, más allá de las variaciones en el órgano de control de esas concesiones viales. “En un momento se creó Corredores Viales, que nosotros rechazamos y denunciamos porque venía a interponerse con las tareas que por ley, la 505 de creación de nuestro organismo, tiene y debe desarrollar Vialidad Nacional”, explicó.
Alertó que privatizar o concesionar tramos “no garantiza” que se mantenga un trayecto en buen estado. “La ruta 5 está igual desde hace años, algo que vemos siempre y por lo que inclusive hemos tenido que interactuar con las concesiones por pedidos particulares de instituciones por señalamientos o accesos”, expresó.
Según dijo Cabral, nunca les dan respuestas y cuando lo hacen es para reiterar que lo que está es lo que va, con lo cual siempre terminan interviniendo desde vialidad. “Vemos que no le hicieron nada a la ruta, más allá del señalamiento horizontal que a decir verdad se llevó a cabo en su momento desde vialidad. Contratamos, pintamos e inspeccionamos ese tramo pero después está siempre igual”, lamentó el dirigente sindical. “Es más -recordó-, la iluminación del cruce con la ruta provincial 7 se realizó mediante un convenio con la Provincia. Nunca invirtieron un peso, distinto al lado de Buenos Aires donde hicieron algunos kilómetros de autovía y demás”.
Las nuevas concesiones también salpicarán a otro camino nacional que pasa por nuestra provincia, en este caso la ruta nacional 188, desde el límite bonaerense hasta el empalme con la ruta nacional 35. “Ese camino también estuvo concesionado y hace dos o tres años lo recibimos en un estado deplorable. Incluso hace unos meses tuvimos que hacerle a nuevo todo el señalamiento, bacheo y tratar de levantarlo lo mejor posible”, disparó el gremialista. “La política de concesionar no sirve porque no controlan y sólo se dedican a cobrar peaje. En el medio le quitan las herramientas de control a vialidad sobre las concesiones y posteriormente, cuando recibimos una ruta, está detonada”.
Fue establecido por ley que Vialidad Bacional reciba una proporción de un impuesto al combustible, como así también otro porcentaje de la recaudación del Impuesto País, dinero que debe destinarse a tareas del organismo como el mantenimiento de las arterias. “Pero con el desembarco de la actual gestión presidencial del total de esos recursos ingresó menos del cuarenta por ciento. Economía retuvo cerca de 350 mil millones de pesos que debían haber llegado para el mantenimiento de caminos, funcionamiento de Vialidad y demás tareas”, aseguró. Si bien la omisión fue denunciada oportunamente, desde la Nación nunca cumplieron y hasta llegaron a expresar que no le interesan las rutas.
Fuertes rumores de las últimas horas señalan que reducirían un treinta por ciento la planta de empleados, en medio de un presunto plan de restructuración de vialidad que próximamente se vería publicado en un decreto. Incluso el organismo podría ser fusionado con otros, convertirse en un ente reciclable o directamente desaparecer. “Se habla que van a modificar o directamente dar de baja la ley 505 de creación de Vialidad Nacional que tiene cerca de 100 años. La verdad es que se vienen tiempos muy complicados”, adelantó el trabajador que se desempeña en Santa Rosa.
Vialidad va a trabajar este año con el presupuesto de 2022 que fue aprobado en 2023, con lo cual se les hace imposible llevar adelante las tareas que venían efectuando históricamente con esos recursos. A todo esto, entre los trabajadores se comenta que el gobierno nacional buscaría privatizar también los trabajos de bacheo y corte de pasto para progresivamente ir sacándole más funciones al organismo que así dejaría a la deriva el desarrollo del país y la producción territorial.
