Después del Banco Nación, le llegó la hora a la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de iniciar los preparativos previos a la privatización que planea Javier Milei. Con vistas a venderla a uno o varios privados, el Gobierno transformará el complejo minero en sociedad anónima.
YCRT es una de las nueve entidades del Estado que el oficialismo logró, a duras penas, incluir en la ley Bases como organizaciones públicas sujetas a privatización o concesión.
La decisión se concretará esta semana, probablemente mañana, con la publicación de un decreto del Presidente en el Boletín Oficial. Fue pergeñada por Diego Chaher, el encargado de acondicionar las compañías del Estado para su posterior venta, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargó de que estuviera al tanto de la decisión Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, la provincia donde está emplazado el yacimiento que genera, explota, transporta y comercializa carbón desde mediados del siglo pasado, pero trabaja a medias y de manera intermitente desde hace años.
El Gobierno no quería sumar un motivo de discordia con el siempre esquivo mandatario de la región Sur, con quien la relación varía según el momento y el tema, y de quien el oficialismo depende para aprobar sus iniciativas en el Congreso.
No está decidido cuándo avanzarán con la venta -hay tres grupos que se postulan para quedársela-, pero por ahora se dispondrán a empezar a sanearla: presentar los balances contables de la entidad a la Inspección de Justicia, aggiornar los reglamentos internos, etc. Será un camino largo, proyectan en la Nación.
YCRT enfrenta una crisis que combina problemas estructurales, económicos y políticos. La empresa, que condujo Aníbal Fernández durante la gestión de Alberto Fernández, incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Está desde hace varias administraciones en una situación crítica por la alta superpoblación de trabajadores, la falta de inversión, los problemas administrativos y los manejos irregulares.