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La UCR pampeana y los jueces por decreto de Milei: “Un nuevo escándalo”

25 de febrero de 2025
La UCR pampeana y los jueces por decreto de Milei: “Un nuevo escándalo”

El presidente de la UCR pampeana, Federico Guidugli, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Es un nuevo escándalo del Presidente. Ahora designa jueces de la Corte Suprema por decreto. Otro acto que confirma su rechazo al sistema republicano de nuestro país, con un sesgo claramente autoritario. Lo rechazamos de plano. Hay que respetar el proceso constitucional”, dijo.

Por decreto, Milei designó a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte

Sin los apoyos suficientes en el Senado para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de Javier Milei firmó este martes la designación de ambos magistrados por decreto, que será publicada en el Boletín Oficial de este miércoles.





Platense




Según el comunicado, el presidente decidió realizar las designaciones a través de un decreto “con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.

De esta manera, Milei logrará que en la apertura de sesiones legislativas de este sábado Lijo y Garcia-Mansilla ya estén ubicados junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, actuales integrantes del máximo tribunal tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la salida por jubilación de Juan Carlos Maqueda a fines del año pasado.

La designación vía decreto se extenderá por nueve meses, hasta el fin del año parlamentario, de acuerdo al artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que prevé, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.





Durante esos nueve meses, el Gobierno “continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”.


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