La pareja de Antonella Villalba, la joven que se suicidó el pasado 8 de diciembre en una vivienda que ocupaba en la ciudad de Toay, fue imputada por la Justicia por presunta instigación al suicidio, confiaron fuentes judiciales a Diario Textual.
La medida se tomó ante la presunción de que la mujer, en situación de vulnerabilidad social y víctima de violencia de género, podría haber sido “instigada” por su pareja, M.B., de 27 años, a tomar la decisión que tomó.
La investigación judicial constató que materialmente no hubo intervención de un tercero en la muerte de Villalba, de acuerdo al material probatorio que se recolectó. Tampoco se constató que hubiera ayuda de otras personas en el trágico suceso.
Sin embargo, ante el contexto de vulnerabilidad social en el que se encontraba la mujer y una relación de pareja con situaciones de violencia de género, los fiscales a cargo del caso, Andrés Torino y Walter Martos, avanzaron sobre la posible instigación al suicidio.
Las fuentes consultadas por este diario digital dijeron que ahora están a la espera de la pericia de apertura del teléfono celular del sospechoso para ver si encuentran indicios que confirmen esa hipótesis.
El delito de instigación al suicidio es regulado por el Código Penal argentino. El artículo 83 establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado”.
Según la ley, instigar al suicidio es determinar directamente a otro a suicidarse. Es inducir o persuadir a alguien a que se suicide. La instigación debe ser dolosa; el instigador debe actuar con la intención de crear o aumentar en el suicida, la voluntad de matarse.
Antonella tenía 26 años y murió ahorcada en una vivienda de la calle Urquiza al 300, en Toay. Era madre de dos niños de 3 y 5 años. En junio de 2024 había ocupado, junto a otra chica, dos casas dado que su estado de vulnerabilidad social no le permitía costearse un alquiler.
La Asamblea Autoconvocada denunció en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que hubo abandono de persona por parte del Estado y que criminalizaron y estigmatizaron a Antonella poniéndole un patrullero durante meses en la puerta de la casa que habitaba y hostigándola para que la deje. Esta situación, afirmaron los denunciantes, se podría haber evitado con acciones adecuadas desde distintas esferas estatales.
