Decenas de personas participan este lunes de una serie de actividades, entre ellas una marcha por las calles de la ciudad de Santa Rosa, para recordar los 49 años del Golpe Cívico Militar del 24 de marzo de 1976 y denunciar el “negacionismo” y el “recorte de derechos” que ejerce el Gobierno de Javier Milei.
La actividad fue organizada por integrantes del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, junto a representantes de unas 40 agrupaciones estudiantiles, políticas y diversidades.
La actividad comenzó a las 17 horas en la plaza San Martín. Hubo una radio abierta y a las 18 la lectura de un documento en conjunto. Ya pasadas las 18.30, se inició una movilización hacia la sede de la comisaría Primera, donde funcionó el principal centro clandestino de detención en La Pampa durante la Dictadura. Ya el cierre, a la noche, se hará con un festival en Parque Provincial de la Memoria.
En un documento en conjunto, cuestionaron el “negacionismo” del Gobierno de Javier Milei que rechaza la cifra de 30 mil desaparecidos y alertó que la actual administración aplica la “misma política económica” que el Gobierno militar. “Este modelo de entrega sigue vigente. No hay cambio de modelo, si no cambio de Gobierno”, sostuvieron.
“La dictadura no surgió de la nada, venía precedida por el accionar de sectores de las fuerzas de seguridad y del poder político, que desde 1974 ya habían desatado una ola de persecuciones, secuestros y asesinatos, preparando el golpe y enfrentando el gobierno democrático de Isabel Martínez. Así el terrorismo de Estado se institucionalizó, dando lugar al mayor genocidio de nuestra historia reciente, después de la mal llamada ‘Conquista del Desierto’”, dijeron.
“La dictadura fue un plan de saqueo que requirió del exterminio para llevarse a cabo. Con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, el gobierno militar impuso una política de endeudamiento feroz, apertura indiscriminada de la economía y destrucción de la industria nacional. Se consolidó así una Argentina dependiente, al servicio de las grandes corporaciones y el capital financiero”, expresaron.
Además, reclamaron “cárcel común” para los condenados por delitos de lesa humanidad. “En La Pampa, también avanza la impunidad con el dictamen de la liberación paradójica por ‘buena conducta’ de Carlos Reinhart, principal torturador de la Subzona 1.4, ignorando la opinión de las y los sobrevivientes y sometiéndoles nuevamente a la revictimización. En este contexto de negacionismo, su liberación no solo es una afrenta a la memoria, sino que representa un peligro para toda la comunidad”, expresaron. “Exigimos que la Justicia haga cumplir las condenas a los represores Baraldini, Cenizo, Merenchino y Pérez Onetto”.
También pidieron a las autoridades del Colegio Médico de La Pampa a retirar la matrícula de médico al único civil condenado por los delitos cometidos en la Subzona 14: Máximo Pérez Oneto. “No puede haber impunidad para quienes usaron su profesión para torturar y someter. Porque la memoria es nuestro presente. Porque la lucha no cesa. Porque el pueblo no olvida”, sostuvieron.
Este es el documento, titulado “Frente al Fascismo y Racismo: Memoria, Verdad y Justicia, en marcha”, que se leyó en la plaza San Martín:
“Hoy, cuando se cumplen 49 años del golpe cívico-militar -que contó con la complicidad y colaboración de los sectores eclesiásticos, corporativo-empresariales y judiciales – nos encontramos con un pueblo hambreado, una nación en venta y castigados por las mismas injusticias contra las que lucharon las y los 30 mil para lograr una patria libre, justa, soberana y anticapitalista.
Aquí estamos las organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantes y la ciudadanía en general en unidad, con voluntad y convicción para recuperar la esperanza de que venceremos y la identidad popular de los/as oprimidos/as. ¡Ganemos la calle, disputemos el territorio y el sentido común en todos los frentes, llevando la palabra de resistencia a vecinos/as y multiplicando la militancia y el compromiso social! El 24 de marzo de 1976 fue una bisagra en nuestra historia.
La dictadura no surgió de la nada, venía precedida por el accionar de sectores de las fuerzas de seguridad y del poder político, que desde 1974 ya habían desatado una ola de persecuciones, secuestros y asesinatos, preparando el golpe y enfrentando el gobierno democrático de Isabel Martínez. Así el terrorismo de Estado se institucionalizó, dando lugar al mayor genocidio de nuestra historia reciente, después de la mal llamada ‘Conquista del Desierto’.
La dictadura fue un plan de saqueo que requirió del exterminio para llevarse a cabo. Con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, el gobierno militar impuso una política de endeudamiento feroz, apertura indiscriminada de la economía y destrucción de la industria nacional. Se consolidó así una Argentina dependiente, al servicio de las grandes corporaciones y el capital financiero.
El rol del Fondo Monetario Internacional fue ser financista y beneficiario directo del golpe. Este modelo de entrega, impuesto a sangre y fuego, no terminó con la dictadura: su matriz sigue vigente y hoy se profundiza con el gobierno de Milei. Los mismos grupos que se enriquecieron con la dictadura son los que hoy celebran al presidente. No hay cambio de modelo, sino continuidad histórica.
El FMI sigue dictando las reglas, la justicia protege a los poderosos y la represión es la respuesta para quienes se organizan. Pero si en los 70 no pudieron acallar la resistencia, hoy tampoco lo lograrán. Nada de esto fue un hecho aislado. Se dio en el marco de la disputa global entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en un contexto donde Argentina era clave para el control del Atlántico Sur.
La dictadura no solo se subordinó a los intereses del imperialismo, sino que casi arrastra al país a una guerra fratricida con Chile por el Beagle y, más tarde, en 1982, intentó usar la guerra de Malvinas y el sentimiento patriótico de nuestro pueblo para sostenerse en el poder. Pero si la dictadura argentina cayó antes que las de Chile o Brasil, no fue por sus errores estratégicos, sino porque hubo un pueblo que luchó.
Desde el primer día, la resistencia popular marcó el camino. Las Madres de Plaza de Mayo enfrentaron con valentía al aparato represivo, mientras el movimiento obrero, las organizaciones políticas y los organismos de derechos humanos mantenían viva la lucha.
Es esa misma resistencia la que, en democracia, siguió enfrentando la impunidad y el saqueo: desde los juicios a las juntas hasta la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final; desde la masacre de Avellaneda y el asesinato de Maxi y Darío hasta la desaparición de Julio López; desde la crisis del 2001, con 40 asesinados y la caída de cinco presidentes, hasta la lucha contra el intento de otorgar el 2×1 a los genocidas.
Hoy, en Argentina, vivimos un Estado de Excepción permanente que sostiene la injusticia y la crueldad diaria. La represión es la respuesta del poder a quienes enfrentan el ajuste. No hay ajuste sin represión: la dictadura lo impuso con el terrorismo de Estado; Milei lo impone con el protocolo de Bullrich y la criminalización de la protesta. Mientras se multiplican los despidos y el hambre avanza, la violencia estatal busca disciplinar a quienes luchan. En este contexto, las personas de la comunidad LGBTNB+, como en el 76´, son blanco permanente de odio por discriminación sexual y de género por parte del Presidente Milei y sus funcionarios de gobierno.
Con discursos falaces y mentirosos, atacan el derecho humano a existir, violando así acuerdos internacionales resguardados en nuestra Constitución Nacional.
En La Pampa, también avanza la impunidad con el dictamen de la liberación paradójica por “buena conducta” de Carlos Reinhart, principal torturador de la subzona 1.4, ignorando la opinión de las y los sobrevivientes y sometiéndoles nuevamente a la revictimización. En este contexto de negacionismo, su liberación no solo es una afrenta a la memoria, sino que representa un peligro para toda la comunidad.
Exigimos que la Justicia haga cumplir las condenas a los represores Baraldini, Cenizo, Merenchino y Pérez Onetto. Además, instamos al Consejo Superior Médico y al Colegio Médico de La Pampa a retirar la matrícula del único represor civil condenado, el médico Pérez Onetto.
No puede haber impunidad para quienes usaron su profesión para torturar y someter. Porque la memoria es nuestro presente. Porque la lucha no cesa. Porque el pueblo no olvida y sigue en las calles exigimos: ¡Cárcel común y efectiva a los genocidas! ¡basta de domiciliarias o condicionales! Aapertura de los archivos del Terrorismo de Estado desde el 74 al 83 ¡Verdad y Justicia por Santiago Maldonado, Facundo Molares, Rafael Nahuel y todas las muertes y desapariciones perpetradas en democracia por la mano dura y el gatillo fácil!
¡Restitución de las/los/les niñes apropiados por la dictadura! ¡No al pago ni a contraer una nueva deuda con el FMI a costa del hambre del pueblo!
¡Basta de dictadura mediática-judicial que persigue a lxs militantes sociales! ¡libertad a milagro sala y todxs las presas y presos políticos!
¡Investigación completa, justicia y reparación para Pablo Grillo, víctima de la fuerza represiva del estado! ¡Desarticulación del aparato estatal de espionaje! ¡Reforma del sistema judicial por una Justicia proba e independiente, con perspectiva de género! ¡No a la designación de jueces por decreto! ¡Digamos basta al sistema patriarcal, misógino violento y explotador de mujeres y disidencias! ¡Basta de femicidios, trans femicidios y trans homicidios! ¿Dónde está tehuel? Exigimos condena a Oscar Montes, culpable de su desaparición y crimen de odio. Exigimos justicia por el triple lesbicidio de Barracas.
Exigimos respeto a las existencias LGBTIQNB+ traducido en el cumplimiento efectivo de políticas públicas que contemplen los DDHH del colectivo. ¡Abajo el protocolo anti piquete y de gatillo fácil de Bullrich! ¡Basta de ajuste y represión! ¡Marchamos contra el hambre, la crueldad y el saqueo! ¡No había desierto, no fue campaña, fue genocidio! ¡No a los despidos y a la privatización del Estado! ¡Abajo los DNU y la ley de bases! Repudio a los gobiernos y legisladores cómplices: Maquieyra, Ardohain, Huala y Kroneberger. ¡No a la privatización de la cuenca del río Paraná! ¡No a la extranjerización de la tierra! ¡Defendemos cada derecho conquistado en democracia: educación, salud, ciencia y técnica, la ESI, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y los derechos de las disidencias sexo genéricas!”