La crisis que arrastra Vicentin desde fines de 2019 sumó este sábado un nuevo capítulo dramático: el directorio decidió frenar toda actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, al no contar con recursos para pagar los sueldos ni contratos activos de fazón que permitan sostener la operación.
“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informó la empresa en un comunicado emitido este 6 de abril. En él, justificó la decisión como “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje, publicó Ambito, dejó en claro que no hay caja ni horizonte: la nómina de marzo aún no fue abonada y no hay garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales. En paralelo, los contratos por los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos -su única vía de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia- se encuentran paralizados.
La situación es crítica. Sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma decidió detener toda actividad mientras intenta renegociar acuerdos. Esta semana, el juez del concurso había convocado a los principales inversores (ACA y Bunge-Viterra) para reactivar los fasones. Pero la audiencia fue un fracaso: nadie se presentó.
En el sector agroindustrial, la decisión fue interpretada como una jugada de presión directa hacia los inversores estratégicos y también hacia la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. La compañía apuesta a que la parálisis total precipite definiciones clave. Por ahora, la Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
A su vez, el freno de la operación deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.
A esto se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. Según fuentes del sector, la empresa mantiene una deuda de más de $400 millones por consumo eléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad operativa, incluso si se resolvieran otros aspectos financieros.
La situación judicial también escaló. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más u$s600 millones, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.
