La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SITEP) salió en defensa de una docente de General Pico, quien fue llevada a un juicio contravencional, luego que durante una clase donde se hablaba del conflicto en Medio Oriente, hizo comentarios en defensa de Palestina frente a una alumna judía.
“Las/os trabajadoras/es de la educación, nucleadas en el SiTEP, queremos manifestar nuestra preocupación y malestar por situaciones recientes. No es sólo el salario, que no alcanza o las condiciones laborales que se deterioran o precarizan, sino que también vivenciamos violencia simbólica de diversas maneras”, sostuvo el gremio docente en un comunicado.
Y agregó: “El caso de la docente denunciada penalmente en General Pico, enciende las alarmas de cómo un posicionamiento fundado e incluso con respaldo internacional (la situación de Gaza es considerada por La ONU como un genocidio del Estado de Israel, como el accionar de Hamás es catalogado como un acto terrorista), se convierte en una revisión judicial acerca de la libertad de cátedra, y en un debate sobre la objetividad y subjetividad en las ciencias sociales, así como el profesionalismo decente”.
“Todo esto, en el marco de una ‘bajada’ del Gobierno nacional que plantea el ‘adoctrinamiento’, el rechazo a las políticas y perspectivas de la ESI, y el desprestigio sobre el ‘curro’ de los Derechos Humanos. Por eso, preocupa y genera temor el simple dictado de clases, donde la construcción del saber es colectiva y plural, del mismo modo, que el respeto a diferentes posiciones con niveles de fundamentación científica. Rechazamos cualquier intento de persecución y amedrentamiento sobre las y los docentes”, sostuvo el SITEP.
Además, desde el gremio, se planteó como la labor docente genera un nivel de exposición considerable: “Necesitamos cuidado y protección. Esto se complejiza cuando hoy, cualquier persona, docente o estudiante, tiene una celular con cámara que puede generar contenido, que de forma descontextualizada, resulta maliciosa”.
“Las redes sociales, se han transformado en un canal de escrache público donde no se miden consecuencias, ni afectaciones. Las movidas ‘justicieras’ -destacó- pueden tener legitimidad o no, pero los procedimientos de tomar fotos o imágenes de perfiles privados, constituyen un delito en sí mismo”.
“Por último, también reclamamos a la patronal que cambie su posición de hostigamiento hacia las docentes. En primera instancia, sobre la modificaciones del SAGE, que parece instalarse según la conveniencia: huelga provincial, no; huelga nacional, sí. Los pedidos de aclaración de las razones particulares, generan la misma desazón (nos piden fundamentación, de algo que por su denominación, resulta personal y privado). También en el contexto, que las políticas públicas, se hacen cómo bajadas unidireccionales y sin construcción de consensos con las que ponemos el cuerpo y el alma, todos los días en las escuelas y colegios de la provincia”, concluyó el SITEP.