Abogados querellantes en causas por crímenes contra la humanidad, entre los que está el pampeano Franco Catalani, querellante en los juicios de la Subzona 14 en los que se juzgó a represores pampeanos, se reunirán este 2 de mayo en la ciudad de Buenos Aires para hablar, entre otros temas, de la “ralentización“ de los juicios a causa de la “paralización“ de la Justicia Federal.
“Algunos juicios se están llevando adelante y otros no. La situación es muy diversa dependiendo el distrito. Se han ralentizado bastante básicamente porque la Justicia Federal en sí misma, encabezada por la Corte Suprema está prácticamente paralizada. No creo que haya dentro del poder judicial actual una intención de paralizar los juicios, sino que la Justicia está paralizada por la situación completamente anómala de la Corte“, explicó Catalani.
“A nivel político hay una acción permanente del Gobierno de suscribir cosas que estaban definitivamente superadas, como justificar el terrorismo de estado o volver a la teoría de los dos demonios. Eso es un retroceso“, advirtió.
En La Pampa se realizaron tres juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por represores. Se juzgaron y condenaron a expolicías, exmilitares y hasta un médico que con el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 actuaron en la Subzona 14, cuyo comando militar asumió el control operacional de la policía provincial y conformó el grupo de tareas que actuó sobre la región.
Entre los crímenes que se trataron y juzgaron estuvieron las detenciones de sectores muy diversos de la sociedad pampeana a los que consideraban “subversivos” o de izquierda: estudiantes, militantes políticos, docentes, músicos, comerciantes, dirigentes gremiales, médicos, periodistas y empresarios, entre otros.
El juicio también abarcó las detenciones del exgobernador peronista Aquiles José Regazzoli, junto a parte de su familia, funcionarios de su gobierno, trabajadores del Estado e incluso empresarios de la construcción que eran contratistas de la provincia. También resultaron víctimas funcionarios de la justicia federal y provincial y diputados provinciales.
Hubo además varios operativos de detenciones masivas que fueron parte del debate, como el ocurrido en julio de 1976 en la localidad de Jacinto Arauz, en el que fueron víctimas estudiantes, docentes y directivos del Instituto Secundario José Ingenieros.
