El Gobierno provincial, a través de la Dirección General de Rentas y con la intervención del Ministerio de Seguridad y Justicia, aplicó una multa de $22.831.207,28 a un productor rural por haber realizado una quema no autorizada en el establecimiento “El Milo”, ubicado en el Departamento Toay. El fuego se descontroló, afectando más de 1600 hectáreas de bosques, animales silvestres, infraestructura rural y predios vecinos.
El procedimiento sancionatorio fue impulsado por la Dirección General de Defensa Civil, luego de constatar que el incendio, ocurrido el 25 de agosto de 2021, fue provocado por una quema prescripta iniciada sin autorización y sin respetar las condiciones climáticas exigidas por la normativa vigente.
Según el informe técnico de Defensa Civil, el fuego se propagó rápidamente por efecto del viento: generó daños en cinco establecimientos lindantes, afectando flora y fauna autóctona, alambrados, instalaciones y cultivos.
La propagación fue tal que los brigadistas debieron intervenir durante varios días para controlar el siniestro y evitar mayores pérdidas.
El infractor fue sancionado por violar el artículo 10 de la Ley Provincial N°1354 y su decreto reglamentario, que establecen que toda quema debe contar con autorización previa de la autoridad de aplicación, respetando medidas preventivas específicas.
La sanción original fue establecida en 50.000 litros de gasoil, equivalentes a 10 millones de pesos al momento de la disposición. Con intereses y actualización, el monto total abonado por el infractor ascendió a más de $22 millones, que fueron ingresados a Rentas Generales con destino al Fondo de Prevención y Lucha contra Incendios en Zonas Rurales.
Desde el Gobierno provincial se remarcó que estas acciones no solo sancionan hechos irresponsables, sino que también buscan preservar los recursos naturales, proteger la vida y los bienes de la población, y reforzar el cumplimiento de la ley.
