El director de Discapacidad, Iván Poggio, advirtió a Radio Textual (Radio Kermés 106.1) que es probable que muchas de las 7.500 pensiones por invalidez que existen en La Pampa sean dadas de baja por el Gobierno nacional por cuestiones burocráticas. “Es gente de alta vulnerabilidad social que a lo mejor no informó un cambio de domicilio o no puede o no sabe enviar un mail y por eso se la pueden quitar”, dijo.
La pensión por discapacidad no llega a los $300 mil, un monto que no alcanza ni para comprar lo mínimo necesario para vivir. El Gobierno de Javier Milei pretende recortarlas: desde hace días está mandando cartas documento a los beneficiarios para auditarlas. En Santa Rosa deben ir a la clínica Faerac, en día y horario indicado.
Un dato: cada carta documento tiene un costo de $17.000 y el reparto fue otorgado al correo Andreani, que embolsará $13.000 millones.
“En la carta documento le indican a las personas que deben presentarse en un lugar determinado con estudios respaldatorios para ratificar su incapacidad laboral. A su vez, deben subir información a la Agencia Nacional de Discapacidad. Está bien que se audite, ahora, hay formas y me parece que esta no es la manera correcta”, dijo Poggio.
“Acá estamos hablando de gente con alta vulnerabilidad social, con incapacidad laboral, que a lo mejor se mudó y no actualizó el domicilio. Esa es una causal para darla de baja si no se presenta en el día y horario que le indican”, alertó.
-¿Crees que está la motosierra atrás de esto?
-Es que no hay otra cosa porque, insisto, hay otras formas de auditar con la colaboración provincial, si es necesario.
