La diputada provincial Noelia Viara (Pro) presentó un proyecto de ley para que La Pampa adhiera a la Ley Nacional Nº 27.786, conocida como Ley Antimafias y que fue tratada por el Congreso en las sesiones extraordinarias de este año.
La iniciativa es un trabajo en conjunto de todo el arco opositor de la Legislatura, los bloques PRO-MID, UCR y Comunidad Organizada impulsan la propuesta y que suma la firma de los 15 diputados provinciales. “Busca dotar a la provincia de herramientas concretas para enfrentar el delito organizado”, expresó.
“Hoy la droga y la inseguridad son unas de las mayores preocupaciones que nos aquejan a los pampeanos. Esta ley permite que las investigaciones lleguen más lejos, más rápido y con más fuerza”, manifestó Viara.
La propuesta busca que la provincia pueda aplicar mecanismos de investigación y sanción especialmente diseñados para combatir organizaciones criminales, tal como lo establece la ley nacional.
Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro están avanzando en esta dirección y han iniciado el tratamiento de la adhesión a la ley para fortalecer sus capacidades de respuesta ante estos delitos.
Entre sus herramientas, se contemplan zonas sujetas a investigación especial y la posibilidad de conformar comisiones conjuntas entre fiscalías provinciales y federales, lo que permite actuar de forma más rápida y efectiva. “La Pampa no puede mirar para otro lado. Necesitamos volver a vivir tranquilos y sin miedo. Con esta ley daríamos un paso firme en ese camino hacia una provincia más ordenada”, concluyó Viara.
En marzo, a días del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”, que aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñada para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
En línea con el texto de la norma, se considera organización criminal a un grupo de tres o más personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves.
Además, permite la posibilidad de declarar ciertas áreas como “zonas sujetas a investigación especial” para facilitar la acción de la justicia. Así, las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.
En esa línea, endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con organizaciones criminales, con condenas de 8 a 20 años, así como también habilita a que los miembros de estas organizaciones puedan recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo, es decir que se eliminan las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serán penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal.
