En marzo pasado, La Libertad Avanza no pudo quedarse con la presidencia de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, este miércoles cumplió su objetivo: remover de la Defensoría a su titular, la abogada Marisa Graham. Esto también alcanzó al defensor Adjunto, Facundo Hernández. El senador pampeano Daniel Bensusán, en defensa de la actual Defensora, dijo que “es de una irresponsabilidad absoluta descabezar la Defensoría”.
Junto a las oficialistas Nadia Márquez y Vilma Bedia votaron, a mano alzada, las legisladoras del Pro María Sotolano y Andrea Cristina, y de la UCR Natalia Sarapura y Gabriela Valenzuela.
Aunque los miembros de Unión por la Patria manifestaron resistencia, al asegurar que tal decisión necesitaba dos tercios de los votos, desde LLA se argumentó que el rechazo a la resolución 1/25 firmada por Graham podía ser por mayoría simple.
A través de la mencionada resolución, Graham había modificado a principios de este año el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Defensoría, habilitando la “prórroga tácita” de los mandatos de sus autoridades.
En rigor, la funcionaria había determinado que “en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.
El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061 en 2005, pero recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Graham fue elegida luego de haber pasado por concurso público, audiencias y un examen escrito. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia y su mandato culminó el pasado 1 de marzo.
Al comenzar con la discusión, la diputada Nadia Márquez (LLA) sostuvo: “Desde La Libertad Avanza vamos a rechazar la resolución, ya que nos parece sumamente grave que la defensora se autoprorrogue su mandato”. Y, en esa misma línea, aseguró: “No la estamos removiendo, ya terminó su mandato y sigue de manera ilegítimamente; está usurpando el cargo”.
Junto a Márquez, su par Nicolás Mayoraz dio la pelea reglamentaria. “Está ocupando ilegalmente e inconstitucionalmente un cargo para el que fue elegida por un plazo determinado; la actitud raya el delito de sedición”, aseveró el santafesino. Y agregó: “No podemos aceptar que una persona decida por sí violar la ley que claramente estableció el plazo de su mandato. Sería grave que este Congreso convalide esta irregularidad que no tiene antecedentes”.
En el mismo sentido, la diputada del Pro María Sotolano afirmó: “No queremos que Marisa Graham esté al frente de la Defensoría, éticamente no corresponde que siga en su cargo; la Defensoría está acéfala per se”. Las senadoras Vilma Bedia y Andrea Cristina coincidieron en el rechazo por autoprorrogarse el mandato y considerar ilegítimo que permanezca en el cargo.
Tanto los diputados como los senadores de Unión por la Patria ratificaron que debía continuar Graham hasta que se designe su reemplazo. Asimismo, ponderaron que la defensora, con tal decisión, “intentó mantener la institucionalidad que este Congreso no garantizó”.
Tras el rechazo a la resolución se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, con horario a confirmar, para evaluar cómo queda la situación institucional de la Defensoría; en particular a quién se le asignará las responsabilidades del organismo hasta designar al reemplazante de Graham.
