Susana Gemignani, presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, rechazó el proyecto de ley del Gobierno de Javier Milei que busca desmantelar el sistema de colegios profesionales, sostuvo que es “claramente inconstitucional” y manifestó que dio “tranquilidad” a los profesionales la posición del Gobierno de Sergio Ziliotto que, al encabezar una resistencia a la iniciativa libertaria, avisó que en la provincia no habrá cambios con la colegiación obligatoria.
El proyecto de ley elimina la matrícula obligatoria y reduce a los colegios profesionales a meros entes administrativos, sin poder regulador ni financiamiento. En La Pampa, representantes de unos veinte colegios profesionales, consejos y cajas de previsión previsionales se reunieron ayer con Ziliotto y resaltaron el debilitamiento ético, técnico y sanitario que implicaría la medida. El mandatario también consideró como “inconstitucional” al proyecto y sostuvo que en nuestra provincia no habrá cambios con la colegiación obligatoria: La Pampa, así, es la primera provincia en posicionarse oficialmente en contra de este proyecto.
Gemignani, al ser consultada por Diario Textual, adelantó que, luego de la reunión con Ziliotto, esperan reunirse con legisladores nacionales y de otros poderes del Estado para alertarlos de la situación. “Nos da tranquilidad que en La Pampa no se eliminará la colegiación obligatoria. El gobernador nos dio tranquilidad. Esto no es una defensa corporativa; estamos en defensa de la gente”, dijo. “Entendemos que colegiación de las profesiones liberales encarna un mecanismo esencial para garantizar la calidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio profesional. La existencia de colegios profesionales permite velar por los intereses tanto de los profesionales como de la sociedad en general en un entorno cada vez más dificultoso y cambiante”, manifestó.
La iniciativa oficialista es percibida como una amenaza grave al funcionamiento de los colegios, consejos, cajas y federaciones, cuya labor excede con creces la mera matriculación. Estas instituciones son las encargadas de controlar el ejercicio profesional, velar por la ética, garantizar la formación continua y aplicar sanciones disciplinarias. El registro nacional propuesto, además, no podrá replicar la capilaridad, especialización ni autoridad con la que actualmente operan los organismos provinciales, lo que pone en riesgo la calidad de los servicios y la protección del interés público.
“Los colegios profesionales no solo regulan el acceso a la profesión. Regulan la profesión y exigen estándares mínimos de formación y actualización. También se encargan de supervisar el correcto desempeño de sus miembros, sancionando conductas indebidas y promoviendo principios éticos que fortalecen la confianza pública”, explicó la abogada.
Uno de los aspectos más conflictivos del proyecto es la eliminación de las cuotas obligatorias, principal fuente de financiamiento de los colegios profesionales. Sin esos ingresos, se tornan inviables tareas como la auditoría ética, el control del ejercicio, las capacitaciones o la defensa legal de los matriculados.
“Los colegios tenemos dentro de nuestras funciones y facultades la de regular y controlar el ejercicio profesional”, insistió la profesional. “Esa función es primordial para asegurar al ciudadano que las personas que tienen una matrícula habilitante están capacitadas para ejercer dicha profesión. Fomentamos la práctica responsable y calidad de los profesionales colegiados”.
“Defendemos los intereses de los colegiados en las diferentes instituciones. Somos interlocutores entre los profesionales y el Estado, pudiendo participar en la elaboración de leyes y normas que afectan nuestras profesiones”, enumeró la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa.
Además, fue a un tema central: la inconstitucionalidad de la iniciativa. “El proyecto es inconstitucional porque el artículo 121 de la Constitución Nacional indica que las provincias se han reservado competencias que no se han delegado en la Nación. Este tema es primordial resaltarlo ya que la provincia de La Pampa no va a adherir a la ley que se intenta promulgar, que fue el mensaje que ayer nos dio el gobernador”, dijo. “Este tema fue debatido en la modificación de la Constitución Nacional en 1994, y prevaleció el principio federalista, por entender que nuestros colegios organizan las profesiones liberales que son una garantía democrática, nuestra función es habilitar el ejercicio profesional, garantizar la formación y sancionar las malas prácticas”, resaltó en diálogo con Diario Textual. Además, ese principio ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
