Por Norberto G. Asquini
El anuncio de la posible instalación de una estación de peaje sobre la ruta nacional 5 en territorio de La Pampa, en el marco de la nueva concesión vial que impulsa el Gobierno nacional, volvió a encender un tema vigente y caliente: el debate ideológico sobre el rol del Estado.
No se trata solo de poner una cabina para cobrar por transitar. Se trata de una frontera simbólica que, desde los años 90, La Pampa ha sabido trazar con firmeza. En aquel entonces, durante el proceso de privatización de las rutas nacionales bajo el gobierno del presidente Carlos Menem, fue el gobernador Rubén Marín quien le puso un freno a la avanzada del peaje. Lo hizo con una decisión clara: no permitir ninguna cabina en territorio pampeano. Una decisión ideológica, sí, pero también profundamente política. En un contexto de desguace estatal, La Pampa defendía su modelo. Lo hizo también con las cajas jubilatorias de la provincia y el Banco de La Pampa.
Hoy, con otro gobierno nacional de perfil ultraliberal, vuelven los intentos para avanzar sobre los Estados provinciales. Y con él, vuelve también la misma discusión. Esta vez, el gobernador Sergio Ziliotto no esquivó el debate: «Hay que dar una defensa ideológica en estos momentos», dijo en una entrevista a un medio nacional. Y no es una frase menor. Porque lo que está en juego no es solamente el peaje, sino una concepción entera sobre cómo debe funcionar el Estado.
En La Pampa, el Estado vigente (o presente) ha sido mucho más que una consigna de campaña. Es un mito de gobierno construido desde el regreso de la democracia en 1983, con fuerte impronta peronista. Un Estado que no solo regula, sino que presta servicios reales y concretos en todo el territorio: salud, educación, seguridad. Como bien señala el consultor Hugo Haime, “el Estado está presente hasta en el último rincón”. Un ejemplo basta: en Limay Mahuida, un pueblo aislado en el oeste provincial, hay escuela, hay puesto sanitario y hay presencia policial. Llega el BLP.
Ese modelo ha logrado mantenerse con un logro que pocas provincias pueden mostrar: el equilibrio fiscal. Es decir, un Estado fuerte, pero financieramente ordenado. Esa ha sido —como indica una encuesta de la consultora Zubán y Córdoba— una de las claves del consenso que aún hoy se mantiene sobre el apoyo al papel del Estado, más allá de la “motosierra mileísta” en la sociedad y sobre todo en La Pampa, incluso más allá de las fronteras partidarias.
Y ahí radica un problema recurrente para la oposición al PJ en La Pampa: aunque critique gestiones, no puede atacar con facilidad la estructura estatal sin enfrentarse al consenso profundo de la ciudadanía. No puede decir con claridad dónde pasaría “la motosierra” sin provocar un rechazo social. ¿Se eliminarían escuelas y modalidades? ¿Se cerraría una posta sanitaria en el oeste? ¿Se recortarían programas de apoyo a la producción? ¿Programas sociales que hoy son la trinchera frente al ajuste nacional? Difícil decirlo abiertamente.
La actual avanzada libertaria, que pone en discusión el rol del Estado a nivel nacional, también contamina —en el sentido de impregnar— el debate pampeano. Pero aquí, el Estado sigue siendo una presencia real y tangible. La crítica, muchas veces legitimada por los excesos o las ineficiencias del Estado nacional en los gobiernos peronistas nacionales, no alcanza para desplazar una construcción que lleva más de cuatro décadas y que ha sido validada en las urnas una y otra vez.
El peaje, en definitiva, no es solo un tema de tránsito o de tarifas. Es una piedra lanzada a un modelo que resiste. Un modelo que, en La Pampa, todavía no encuentra quien logre reemplazarlo ni en lo simbólico ni en lo concreto. Porque al fin y al cabo, el Estado —aquí— sigue siendo mucho más que un problema: es parte esencial de la solución.
