El diputado provincial Enrique Juan (bloque Pro-MID) presentó un proyecto de ley en la Legislatura para que se eliminen 563 tasas retributivas de servicios del Gobierno provincial. Actualmente, explicó, hay 635 tasas y subtasas vigentes, de las cuales este proyecto propone eliminar el 88,7% del total. Dijo que se trata de un gran número de tasas, pero de bajo impacto económico para el fisco. Sostuvo que las actuales tasas son de “alta complejidad operativa” que no solo representan una barrera para la actividad económica, sino que también entorpece la labor estatal, al destinar recursos humanos y técnicos al control, liquidación y gestión de cobros que muchas veces resultan ineficientes. Dijo que se pretende implementar un sistema más simple y sin afectar la sostenibilidad fiscal de la provincia ni comprometer el funcionamiento de los servicios públicos.
La iniciativa tiene el acompañamiento del resto de los legisladores del bloque, María Laura Trapaglia, Celeste Rivas, Matías Traba, Lucas Lazaric y Noelia Viara.
“Este proyecto propone la eliminación de 563 tasas retributivas de servicios actualmente vigentes en el ámbito de la administración pública de la Provincia de La Pampa”, dijo Juan. “Esta medida tiene el propósito de simplificar los procesos administrativos, mejorar la eficiencia tributaria y contribuir a un sistema más transparente, coherente y alineado con los principios de razonabilidad y equidad. El proyecto busca eliminar aquellas tasas que, si bien fueron concebidas en su momento para cubrir servicios específicos, hoy ya no cumplen ese objetivo de manera efectiva ni guardan una relación funcional con los organismos que prestan dichos servicios”, agregó.
Un aspecto central que justifica esta reforma, dijo, es la forma en que se gestiona actualmente la recaudación de estas tasas. “En lugar de financiar directamente al organismo que presta el servicio correspondiente, el producido de estas tasas es derivado a una caja común administrada por la Dirección General de Rentas. Esto significa que los ingresos generados no se destinan automáticamente a fortalecer, sostener o mejorar la prestación específica del servicio por el cual se cobra, sino que pasan a formar parte de un fondo general que es utilizado de manera discrecional por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, existe una disociación entre el hecho imponible que justifica la tasa y el destino real de los recursos, lo que distorsiona el espíritu retributivo que debería regir este tipo de instrumentos”, sostuvo.
“La consecuencia de esta estructura es doble”, agregó. “Por un lado, desde el punto de vista del contribuyente, se produce una falta de transparencia: se paga una tasa con la presunción de que financia un servicio determinado, cuando en la práctica esos fondos pueden estar siendo utilizados para fines completamente distintos. Por otro lado, desde la lógica del sistema estatal, esta intermediación complica la trazabilidad del gasto, diluye la eficiencia administrativa y contribuye a una fragmentación tributaria innecesaria. Lejos de fortalecer la capacidad operativa de los organismos prestadores, este esquema refuerza una estructura fiscal dispersa y poco funcional a los fines del desarrollo provincial”.
El diputado aclaró que la eliminación de estas tasas “no implica una renuncia al principio de retribución de servicios ni una desfinanciación del Estado”, sino una “depuración” del sistema para que las cargas administrativas y económicas tengan un “fundamento real, tangible y trazable” sobre la ciudadanía. “Al mismo tiempo, la medida permitirá reorientar los recursos institucionales hacia áreas prioritarias, aligerando la gestión de trámites tanto para la administración como para el ciudadano. En un contexto donde se promueve la simplificación normativa y la mejora continua de los servicios públicos, este proyecto representa un avance hacia un Estado más eficiente”, dijo.
Según surge del análisis del Presupuesto 2025 y de la Ley Impositiva vigente, la recaudación total estimada por tasas retributivas de servicios alcanza los $9.237 millones, lo que representa apenas el 0,49% del total de los recursos presupuestarios provinciales y 1,31% del total de los recursos tributarios de jurisdicción provincial. “A su vez, el impacto en la masa coparticipable es mínimo: 0,89%, lo cual significa que su eliminación no compromete de forma significativa ni la sostenibilidad fiscal ni la coparticipación que perciben los municipios”, dijo.
“Cabe destacar que durante el tratamiento del Presupuesto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Rentas habían estimado que estas tasas representaban el 3,03% de la recaudación provincial total. Si bien esa apreciación resultó útil para poner en agenda el tema, los datos actualizados revelan una incidencia incluso menor, lo que refuerza la necesidad y urgencia de esta reforma”, sostuvo.
Además, según los datos oficiales, se estableció que actualmente existen aproximadamente 635 tasas y subtasas vigentes, de las cuales este proyecto propone eliminar 563, es decir, el 88,7% del total. “Subsistirán únicamente aquellas tasas que fueron identificadas —también por funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Rentas durante el tratamiento del Presupuesto— como las que concentran la mayor parte de la recaudación dentro del universo de tasas retributivas de servicios. Se trata, en particular, de áreas clave como el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Impositivo de Vehículos y las áreas de minería e hidrocarburos”, dijo.
“El hecho de que la recaudación se concentre en este reducido grupo de tasas justifica plenamente el criterio selectivo del proyecto: se propone sostener aquellas que conservan una función fiscal relevante, mientras se eliminan las restantes, que presentan una incidencia marginal y generan una carga desproporcionada para la ciudadanía y la administración”, expresó el diputado Juan.
“En los últimos años se observa en distintos puntos del país una tendencia creciente hacia la simplificación tributaria y la eliminación de tasas de baja incidencia, no solo a nivel provincial, sino también en numerosos municipios que han comenzado a revisar sus estructuras fiscales para aligerar la carga sobre los contribuyentes. Esta tendencia se inscribe en una visión moderna del Estado, que reconoce que una proliferación desmedida de tasas y tributos no mejora necesariamente la recaudación, pero sí puede generar desconfianza, costos operativos y fricciones innecesarias en la relación entre el Estado y la ciudadanía. La Provincia de La Pampa, con este proyecto, se suma a ese proceso de transformación institucional, marcando un camino hacia un sistema tributario más claro, eficaz y alineado con criterios de equidad y racionalidad”, dijo.
“La existencia de múltiples tasas de bajo impacto económico, pero de alta complejidad operativa, no solo representa una barrera para la actividad económica, sino que también entorpece la labor estatal, al destinar recursos humanos y técnicos al control, liquidación y gestión de cobros que muchas veces resultan ineficientes. Gran parte de estas tasas no tienen un vínculo directo y proporcional con el costo real del servicio prestado, o bien corresponden a trámites administrativos cuya naturaleza no justifica un cargo adicional para el ciudadano o la empresa. Su eliminación permite descomprimir la gestión administrativa y fortalecer el enfoque en tareas prioritarias”, manifestó el legislador.
“Al mismo tiempo, esta propuesta contempla un criterio de razonabilidad y equilibrio fiscal, manteniendo subsistentes aquellas tasas que efectivamente retribuyen servicios concretos, especializados o estratégicos que requieren una contraprestación clara, verificable y de alto valor agregado. De esta manera, se establece una diferenciación entre las tasas que cumplen una función recaudatoria residual o simbólica, y aquellas que sostienen servicios fundamentales o altamente demandados, garantizando la sustentabilidad de la estructura estatal sin perder de vista el principio de equidad tributaria”, dijo.
“Asimismo, este proyecto no implica una pérdida significativa para las finanzas provinciales, dado que la mayoría de las tasas a eliminar poseen una recaudación marginal o nula, mientras que su supresión genera beneficios cualitativos importantes en términos de clima de negocios, simplificación del vínculo ciudadano-Estado y eficiencia en el uso de recursos públicos”, finalizó.
